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Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes en segundo debate exonerar parcialmente a las municipalidades y concejos municipales del cumplimiento de la regla fiscal como una forma de ayudarlos a paliar los efectos negativos de la emergencia provocada por el COVID-19.

La cuestionada iniciativa fue avalada por 43 legisladores pese a la oposición de entidades como la Contraloría General de la República y el Banco Central.

La iniciativa establece que los gobiernos locales estarán exentos de esas restricciones del crecimiento del gasto para los recursos que ellos mismos generen, mientras que las transferencias del Gobierno Central sí estarán sujetas a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Ese fue el cambio más sustancial en una iniciativa que fue ampliamente criticada precisamente por la intención original de eximir totalmente a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal, así como la propuesta inicial de realizar procesos de contratación administrativa sin pasar por el filtro del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), ideado precisamente para impulsar la transparencia en la función pública.

El texto aprobado establece ahora que ese filtro se mantenga pero se exonere a los municipios más pobres del pago de los costos asociados a su uso.

“La regla fiscal es crítica en los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ello la estabilidad macroeconómica del país. Por ello, se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores, incluidos los gobiernos locales, que administran fondos públicos.

“La propuesta de exceptuar permanentemente a las municipalidades a la aplicación de la regla fiscal es contraria a la lógica y a la estabilidad fiscal”, había dicho el Central en medio de la votación de primer debate.

El Central también criticó la propuesta de exonerar a las municipalidades del traslado del 1% de su recaudación al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y del 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional, pues aseguró que no se contempló en la redacción la afectación que esto tendría en las finanzas de ambas entidades.

Los diputados acordaron, entonces, que en el caso de Hacienda ese traslado sea de 0,5%, mientras que para el Registro sea un 1,5%.

Presiones

Este mismo martes un grupo de más de 40 alcaldes de todo el país, así como empleados municipales y miembros sindicalistas, se manifestaron en las afueras del Congreso para presionar por la aprobación de este expediente.

El Ministerio de Salud llamó la atención de los manifestantes y les recordó lo improcedente de este tipo de manifestaciones en medio de una pandemia como la que enfrente el mundo por el COVID-19.

En sus intervenciones muchos de los diputados saludaron a los trabajadores municipales pero también hicieron un llamado a respetar las disposiciones sanitarias que rigen al país.

“Me parece contradictorio que por una parte asumamos compromisos de mejores prácticas (OCDE) pero por otro lado aprobamos modificaciones a una ley que permite la salida de un grupo importante de gobiernos locales del cumplimiento de la regla.

“No podemos desgastarnos en elogios y felicitaciones, pero cuando tenemos que tomar medidas nos contradecimos como el día de hoy y en el primer debate, eso nos pone en entredicho y nos resta credibilidad”, dijo la liberacionista Yorleni León, una de cinco diputados que votaron en contra y quien culpó al Gobierno por convocar este proyecto “sin mayor filtro”.

El socialcristiano Pedro Muñoz lamentó la posición de mayoría de un proyecto que, aseguró, alimenta un círculo vicioso de endeudamiento al debilitar la inversión y promover que se paguen menos patentes municipales y por lo tanto se dispare la búsqueda de créditos entre los municipios.

Su afirmación pasa por la posibilidad que trae el proyecto de moratorias de hasta tres trimestres en el pago de impuestos por patentes de actividades lucrativas a partir de la declaratoria de emergencia.

Esta moratoria será efectiva solo para contribuyentes que estén al día con sus obligaciones y que además demuestren una afectación real por motivo de la pandemia.

Con esas mismas condiciones se aprobaría una moratoria de tres trimestres por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, también a partir de la declaratoria de emergencia.

Lo mismo aplicaría también para los arrendadores de locales municipales, por ejemplo en los comercios ubicados en mercados.

Todos estas podrán ser ampliadas por un máximo de tres meses.

Para todas estas moratorias, las municipalidades y concejos municipales deben disponer de un plan, ofrecer arreglos de pago a los contribuyentes por plazos de hasta 24 meses.