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Con el voto afirmativo de 35 diputados este martes fue aprobado en primer debate el expediente 22.156, que defiende la atracción de inversión extranjera mediante una serie de exoneraciones fiscales.

La iniciativa, presentada de manera conjunta por las diputadas Mileidy Alvarado (Restauración Nacional), Silvia Hernández (PLN) y María Inés Solís (PUSC), fue discutida en la Comisión de Asuntos Hacendarios y avalada hoy por el Plenario en medio de los fuertes cuestionamientos de un grupo de diputados encabezados por Paola Vega y José María Villalta.

La propuesta defiende la posibilidad de atraer inversionistas, rentistas y pensionados mediante una serie de exoneraciones de impuestos en prácticamente todas las áreas.

Por ejemplo, ofrece el no pago de los impuestos de importación, por una única vez, para la importación del menaje de una casa.

La exoneración de impuestos para la compra o importación de vehículo (en dos oportunidades) y los cuales se podrán vender en el país, exonerados de obligaciones, hasta tres años después de su ingreso al país.

El proyecto también establece una exención al impuesto de renta sobre las sumas declaradas como ingreso para hacerse acreedor de los beneficios de esta ley, así como un 20% de exoneración del total de impuestos de traspaso en bienes inmuebles que se adquieran durante la vigencia de la norma.

En el caso de los inversionistas, su capital de inversión no puede ser menor a $150 mil dólares.

Polémico

El proyecto fue dictaminado sin someterse a consulta del Ministerio de Hacienda ni otras instituciones, según Paola Vega como una negociación entre los diputados y la entidad por agilizar otros proyectos como la agenda FMI.

Sin embargo, la propia legisladora se encargó de consultar a Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre los alcances de la iniciativa.

Vega defendió, hasta el día de hoy, que Hacienda aseguró que no existe ningún estudio que determine cuál podría ser el impacto de esta normativa, mientras que el ICD advirtió que el proyecto podría ser un portillo para la legitimación de capitales y el narcotráfico, poniendo así en riesgo al país de entrar en la lista de paraísos fiscales.

“Culpo al Ministerio de Hacienda por la desidia que ha tenido con este proyecto, propio para que fluya la agenda del FMI… El ministerio no debería quedarle bien a la gente para que ponga sus votos”, dijo Vega durante la discusión de la iniciativa.

“Si en cinco años tenemos el país más lleno de crimen organizado que no se rasguen las vestiduras habiendo apoyado este tipo de leyes”, añadió.

Junto a ella hoy votaron en contra los oficialistas Welmer Ramos, Catalina Montero, Carolina Hidalgo, Luis Ramón Carranza y Enrique Sánchez; así como Patricia Villegas y Wálter Muñoz (PIN); José María Villalta (Frente Amplio) y Shirley Díaz (PUSC).

María Inés Solís, proponente, aseguró que los alegatos de los opositores estaban cargados de falacias y que las respuestas de las entidades fueron temerarias.

“Antes de decir la cantidad de falacias que han dicho los invito a leer el proyecto primero (…) El país necesita de herramientas para fomentar la competitividad.

“Jamás hemos presentado ni presentaremos un proyecto que dañe nuestra imagen (…) Los invito a respetarnos o a presentar las denuncias correspondientes si es que tienen pruebas”, dijo la socialcristiana.

Vega no tardó en responderle.

“Diputada Solís tenga un poquito de vergüenza, si la respuesta del ICD solo me llegó a mí fue porque esta diputada fue la única que hizo la tarea que no hizo Hacendarios de pedir criterio al ministerio de Hacienda.

“Venir aquí a decir que las observaciones del ICD son temerarias es no entender la realidad del país, yo sé que para el PUSC el tema del narco es de todos los días y un tema que les resbala, pero por lo menos yo sí estoy preocupada por la filiación de personas de su partido con el narcotráfico y la política”, dijo Vega en clara alusión a los señalamientos contra el diputado Óscar Cascante.

El proyecto será votado en segundo debate el próximo jueves.