Por Juan José Herrera |21 de marzo de 2024, 19:15 PM

Los diputados acordaron esta tarde, por unanimidad, castigar con hasta 15 años de cárcel los llamados “préstamos gota a gota”.

La propuesta, discutida desde hace meses en el Congreso, reforma el Código Penal para agregar un artículo 214bis, que incluye específicamente el delito de “extorsión cobratoria”.

Ahí, según detalló la proponente, Gloria Navas, se castigará con entre 4 y 8 años de prisión a quien utilice amenazas o intimidación de forma personal, mediante terceros o por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar a un deudor o sus familiares al pago de la deuda que le haya sido otorgada.

El castigo irá de 5 a 10 años cuando esas amenazas o intimidación vaya dirigido a una persona menor de edad, un adulto mayor o cualquier persona en condición de vulnerabilidad. También será agravante si el hecho lo comenten dos o más personas, si media agresión física o sicológica a la víctima o si el hecho es cometido con arma o genera daños a la propiedad.

Finalmente, la pena subirá a entre 8 y 15 años de cárcel en el caso de que los hechos imputados califiquen como delincuencia organizada.

Navas recordó que este fenómeno es de larga data, pero tomó fuerza en Latinoamérica, especialmente entre los países productores de droga, donde se buscaba una forma de integrar el dinero proveniente de ese negocio ilícito en la economía formal.

Aunque el proyecto se aprobó sin ningún voto en contra, su discusión no estuvo exenta de críticas.

La socialcristiana Daniela Rojas recordó que hubo quejas de las autoridades judiciales sobre incluir esa reforma dentro de un artículo bis, y añadió que de la mano de ese proyecto existen otros urgentes que persiguen otras conductas que hay también hay que castigar y que están estrechamente vinculadas a los créditos extorsivos, como por ejemplo el cobro de peajes o la venta de deudas a otros cobradores.

“Por más sanciones que aquí pongamos, mientras las personas no tengan acceso a la formalidad, seguirán cayendo en estos prestamistas usureros. Mientras no demos herramientas de acceso al crédito a los más vulnerables, va a seguir existiendo mercado para los prestamistas gota a gota”, insistió Rojas.

En respuesta a esa afirmación, el frenteamplista Jonathan Acuña cuestionó a quienes han señalado un estrecho vínculo entre esos créditos y la Ley de Usura aprobada en la pasada Asamblea Legislativa, que excluyó del mercado formal a usuarios de alto riesgo crediticio.

“Hay quienes pretenden que regresemos a esas tasas de interés absurdamente altas, que legalicemos la usura utilizando de excusa el crimen organizado y los créditos gota a gota, pero no hay vínculo.

“Ojalá nadie pretenda aprovechar esa discusión para beneficiar esas garroteras que en el pasado cobraban tasas de interés del 70%, 80% o 90% y que pretendan legalizar esas tasas de usura, porque no lo vamos a permitir. Acá da igual la tasa que se haya usado, es el proceso delictivo a la hora de cobrar, ese es el delito”, insistió Acuña.

El jefe del PLP, Eli Feinzaig, insistió, sin embargo, en que es “innegable” la relación que existe entre ambos temas, tal y como lo han señalado autoridades judiciales y económicas.

“Eso es innegable y eso no quiere decir que uno defienda a garroteras (…) Más de 300 mil personas dejaron de tener acceso al crédito, pero no dejaron de tener necesidad de crédito y por eso acuden a los préstamos gota a gota, porque no tienen otra opción”, finalizó.

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