Por Juan José Herrera 1 de marzo de 2023, 18:16 PM

Diputados de las diferentes fracciones legislativas presentaron, este miércoles, una reforma legal a la ley 9999, que previene la revictimización de los menores de edad en el sistema educativo costarricense.

La intención, según los legisladores, es eliminar los “desequilibrios” que la reforma de 2021 originó contra las personas denunciadas por abuso o acoso contra estudiantes.

La ley defiende, entre otras, procesos sancionatorios más expeditos contra funcionarios a los que se demuestre abusaron de cualquier forma de un estudiante, evitando así que las víctimas y sus victimarios tengan que convivir luego de presentadas las denuncias.

Esta ley, actualmente, no establece con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada, las instancias ante las que se deben presentar las pruebas, qué tipo de pruebas puede ofrecer o si tendrá un defensor público”, cuestionó la liberacionista Sonia Rojas.

La verdiblanca también cuestionó otros vacíos, por ejemplo qué pasa con el salario de los funcionarios suspendidos o qué sucede si quedan absueltos de las acusaciones con el posible daño moral de lo vivido.

Su compañero de bancada, Geison Valverde, aseguró que la ley creó “un desequilibrio total” en el debido proceso que tiene la ley y que la intención con esta reforma es, precisamente, unificar los procedimientos para dar seguridad y certeza a las partes sobre sus derechos y obligaciones.

“Las personas funcionarias se encuentran viviendo situaciones de alta incertidumbre y estrés, al ver que ha sido afectada su seguridad jurídica y el derecho a la legítima defensa en los casos de denuncia por parte de sus estudiantes, y observar la forma en que se han interpuesto medidas cautelares innecesarias y excesivas que dañan la moral de las personas denunciadas y la continuidad del proceso educativo”, añade la exposición de motivos de la ley.

El proyecto se conocerá en la Comisión de Educación, que acoge a la mayoría de los diputados firmantes.