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En medio de una acalorada discusión y la búsqueda de responsables, los diputados aprobaron esta tarde de manera unánime el expediente 22.395, que permitirá utilizar las plazas congeladas en el aparato estatal.

Se trata de una modificación a Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, específicamente con la llamada norma de ejecución número 12, que ordenaba la eliminación tanto de contenido como de código de todas aquellas plazas que quedaran vacantes sin importar la razón.

La medida, aprobada por los propios diputados, fue pensada como una forma de contener el gasto público y promover la eficiencia; sin embargo, no contempló particularidades como que algunas de esas vacantes se pueden originar en puestos que sí son necesarios ante renuncias, despidos, muertes o jubilaciones, por ejemplo.

El ejemplo más serio y evidente lo advirtió el Ministerio de Educación Pública (MEP), que advirtió que la eventual eliminación de 1.861 plazas docentes entre 2020 (cuando entró en rigor la norma) y este 2021 suponía dejar a cientos de estudiantes sin un educador.

Los diputados aceptaron que ese fue un error, pero debatieron acerca de la responsabilidad de esa norma en particular, con ataques entre el oficialismo y la oposición por las advertencias que los primeros hicieron, en su momento, de esos recortes.

José María Villalta, del Frente Amplio, fue quizás el más ácido en su descarga, aduciendo un “recortismo ciego y fanático” en Cuesta de Moras que, asegura, termina siendo mucho más caro que el ahorro pensado.

“Me alegra que se está rectificando ese recortismo ciego y fanático y que estamos tomando conciencia por fin del daño causado (…) pero falta todavía dimensionar el verdadero impacto de esas decisiones”, dijo haciendo un señalamiento general al plenario y cuestionando que nadie quiera asumir “la paternidad” del error.

Villalta añadió que el impacto potencial de esas casi dos mil plazas menos podría ser de hasta 55 mil estudiantes.

La decisión, sin embargo, no elimina del todo la norma, sino que la supedita a la aprobación de la autoridad presupuestaria.

Su aplicación a futuro deberá ser nuevamente aprobada por los legisladores.

La votación en segundo debate quedó prevista para el jueves de esta misma semana.