Diputado denuncia que trabajadores de la CCSS asistieron a huelgas con permisos pagos
Carlos Ricardo Benavides señaló que pedirá cuentas a los funcionarios que aprobaron más de 200 permisos “haciendo trampa”.
El diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, aseguró este lunes en la sesión del Plenario Legislativo que pedirá cuentas a la Caja Costarricense de Seguro Social por los más de 200 permisos con goce salarial que extendió a funcionarios para asistir a las huelgas del 7 y 14 de julio de este año, así como del 19 de agosto anterior.
Según el legislador, los permisos fueron extendidos para permitirle a los trabajadores asistir a las manifestaciones que los sindicatos de la institución organizaron contra la reforma al empleo público y la reforma al régimen de pensiones.
“Fueron más de 200 permisos para irse con goce de salario, haciendo trampa, porque no son capaces de asumir que cuando no van a trabajar a una huelga se les rebaja el salario y son susceptibles de una sanción administrativa”, dijo el legislador.
Benavides explicó que a partir de una solicitud suya la institución le envió la lista de trabajadores que tramitaron un permiso en al menos uno de esos tres días.
“En esa lista hay médicos, microbiólogos y puestos superiores de la administración, esto es inaceptable y lo vamos a perseguir para que sepamos quiénes y cómo se han aprovechado en fraude de ley”, aseveró.
El diputado precisó que los funcionarios “se agarraron” del artículo 83 de la normativa de relaciones laborales de la CCSS, que otorga la posibilidad de tramitar esos permisos para capacitaciones o congresos de los agremiados a los diferentes sindicatos, no así para asistir a una manifestación.
Benavides insistió en que la mayoría de casos no se brindó una razón para ese permiso y que en muchos solo se consigna que era una “gestión sindical”.
“Vamos también a pedir cuentas a los funcionarios que dieron estos permisos sin que dieran razón de cuál era la reunión o el motivo de su permiso”, finalizó.
Los diputados impulsaron una reforma legal para prohibir las huelgas en servicios esenciales, de manera que los funcionarios de la CCSS que participen de estos movimientos son sujetos a que se les rebaje el salario o se les sancione administrativamente.
En el caso de las manifestaciones de julio y agosto pasado, la institución ya ordenó la rebaja de las horas no laboradas.