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La diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, denunció este viernes a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, ante la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública por la solicitud de ampliación de contrato que esa entidad propuso para el servicio de monitoreo por tobilleras.

La denuncia pretende frenar la prórroga de 24 meses que la jerarca solicitó con la Empres de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por el sistema, pese a la investigación que actualmente se mantiene abierta contra este en el Ministerio Público.

“Desde hace ya más de un año he cuestionado ampliamente el manejo que se le ha dado al programa de las tobilleras electrónicas por parte del Ministerio de Justicia y Paz ya que las anomalías han sido muchas y muy graves.

El programa ha sido incapaz de cumplir el propósito por el que fue creado, el Ministerio de Justicia y Paz ha sido inoperante en su desarrollo y negligente en su control, los equipos siempre han sido deficientes y el monitoreo escaso”, dijo la diputada.

Dentro de la solicitud de Segreda está también ampliar la investigación ya que actualmente solo está dirigida a jerarcas de la ESPH y sus presentantes.

“He solicitado ampliar la denuncia e incorporar a la investigación a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz involucrados en este proceso, comenzando por la Ministra Salazar Rojas”, dijo.

En el caso de la Contraloría General, Segreda busca aclarar si es jurídicamente correcto concederle una ampliación de contrato a una empresa denunciada y eventualmente “establecer las responsabilidades que podrían caber a la jerarca de Justicia”, mientras que con la Procuraduría intenta determinar posibles violaciones al deber de probidad.