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La dificultad para probar el acto, pero especialmente sus elevadas penas, ponen en tela de duda el futuro del proyecto de ley que pretende convertir en delito el quitarse el condón sin consentimiento de la pareja, una práctica popularmente conocida como stealthing.

La iniciativa de ley fue presentada por la diputada independiente Paola Vega en 2019, pero no fue hasta la semana anterior cuando inició su discusión en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El texto original, que ya fue consultado a diversas entidades como el INAMU o el Poder Judicial, proponía castigar hasta con 17 años esta práctica; sin embargo, una moción de texto sustitutivo presentada el jueves anterior por la propia Vega reduce esa pena hasta los 10 años; 12 si se prueba que la víctima contrajo una enfermedad o quedó embarazada producto de esa práctica.

“Con la moción eliminamos algunos asuntos que no contribuían a darle el tipo penal al delito, como por ejemplo el daño del condón, pero sí agregamos otros agravantes como, por ejemplo, si es una persona menor de edad.

“Me parece que las penas todavía están muy altas y que podríamos bajarlas más, pero aquí lo más importante es visualizar el delito, establecerlo y dar las herramientas para combatirlo”, aseguró la diputada.

Vega defendió que, antes de hablar de penas desproporcionadas, ella pretende encausar la discusión desde un abordaje técnico y que sean juristas los que resuelvan ese punto.

“Estoy abierta a escuchar propuestas, ya hablamos de la posibilidad de una aplicación condicional de la pena y en esa discusión estamos”, añadió la legisladora.

Irracional

Sin embargo, expertos en materia penal cuestionan no solo lo elevado de las penas propuestas y su dificultad para probar esta práctica, sino incluso que se apueste por el derecho penal para combatirla.

“Me sigue sorprendiendo que los grupos progresistas sigan legitimando el uso del derecho penal a pesar de su probada inoperancia, que sigan poniendo como respuesta la cárcel para todo. Yo sé que no es popular decirlo y yo entiendo que hay que dar una respuesta, pero la respuesta punitiva es insuficiente”, dijo el exviceministro de Justicia, Marco Feoli.

Feoli insistió en que el problema del stealthing es real y debe ser combatido, pero que el proyecto en discusión es “irracional y desproporcionado”.

“Las penas pueden ser tan altas como matar a una persona, el homicidio simple se castiga con 12 años también, si manejo borracho y mato a alguien son ocho años… Este es un proyecto desproporcionado y que, además, trae consigo un riesgo de frivolizar otros actos de violencia más graves como una violación, que se castiga con menos”, añadió.

Igual que Feoli, el penalista Mauricio Brenes subrayó que con penas tan elevadas se está incluso afectando el castigo de otros delitos de carácter sexual, tratando además de regular “más allá de lo propio”.

“Están tratando de meterse debajo de las sábanas de las personas, de meter la material penal en las sábanas y eso siempre es difícil de probar. Si usted me dice que un abuso sexual se castiga con un tercio de esa pena propuesta, que un homicidio simple son 12 años, que el tráfico de drogas empieza en ocho años… No hay ninguna proporcionalidad ahí”, dijo.

Para Brenes, el proyecto avanza en la dirección equivocada, precisamente al apostar por la penalización del delito, cuando el derecho moderno apuesta a un abordaje preventivo.

Vega, sin embargo, insistió que se tiene que hablar de cárcel porque es un delito sexual.

“Si empezamos a relativizar el delito sexual sería catastrófico. Yo sé y entiendo que la respuesta a todos los problemas de la sociedad no es la cárcel, pero en este tipo de casos sí es importante sentar el procedente del delito y que evolucione a partir de ahí”, aseveró.

Añadió que en sus consultas nadie ha manifestado una dificultad en el tema probatorio, pero que no les corresponde a los diputados “divagar sobre esos temas”.

“Hay muchas violaciones donde existe la capacidad probatoria, testimonios, testigos, no es un tema que nos debería preocupar a los diputados, lo que nos importa es tener tipificado el delito, tener las herramientas para combatirlo, eso es lo primero”, finalizó.

Precisamente, la semana anterior el estado de California, Estados Unidos, aprobó el castigo del stealthing, pero desde el abordaje del derecho civil, con posibilidad de demandas en esa vía que deriven en sanciones económicas, dejando fuera el delito desde su abordaje penal.

La discusión del proyecto continuará este jueves, con la discusión por el fondo de la moción de cambio presentada.