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La diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, denunciará penalmente al director ejecutivo del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), Erikson Álvarez, por el presunto traslado ilegal de información sensible y confidencial de los costarricenses al Ministerio de la Presidencia.

La denuncia, que será presentada este mismo miércoles a la fiscala general Emilia Navas, irá también dirigida contra el asesor presidencial Santiago Álvarez, a quien el director habría traslado datos del sistema en diciembre de 2018, cuatro meses antes de que se firmara el convenio de intercambio de información entre Sinirube y el ministerio (marzo 2019).

Ese traslado fue evidenciado este miércoles por los diputados de la comisión que investiga el decreto que permitió la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que, oficios en mano, cuestionaron al director de Sinirube por ese traslado, su contenido y la norma que autorizó ese envío fuera del convenio.

Álvarez se abstuvo de declarar en todos esos puntos.

Hernández aseguró que ante la gravedad de esos hechos y el tiempo incierto que requerirá la comisión para presentar un informe definitivo, procederá hoy mismo a denunciar a los funcionarios e invitó a los demás diputados de la comisión a respaldarla con su firma.

“Lo expuesto el día de aquí es gravísimo y no podemos esperar hasta que concluyan o pasen varios meses para poder plasmar en un documento algunas de las recomendaciones o conclusiones que se han dado el día de hoy.

“Quedó claro que don Erikson Álvarez, como jerarca del Sinirube, le trasladó datos sensibles de los costarricenses al asesor presidencial Santiago Álvarez sin autorización legal, eso para mí es una posible violación del artículo 196 bis del Código Penal y por esa razón hoy mismo estaré haciendo la denuncia respectiva ante la fiscala general Emilia Navas contra Santiago Álvarez y Erickson Álvarez por el traslado de información y violación de datos sensibles personales sin autorización legal para ello”, dijo la verdiblanca.

En dicha audiencia el director sí confirmó que ese convenio con el Ministerio de la Presidencia se firmó a solicitud del entonces ministro Rodolfo Piza, que esos datos se enviaron sin anonimizarse (incluyeron nombre y apellidos de los costarricenses) y que el nombre de Santiago Álvarez no aparece entre las personas que firmaron acuerdos de confidencialidad para el manejo de esos datos sensible.