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La presidencia de la Asamblea Legislativa y la comisión investigadora de la Unidad Presencial de Análisis de Datos (UPAD) entraron en una disputa por la sede de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado el próximo 10 de febrero.

Ese día el mandatario deberá rendir cuentas ante los legisladores por su papel en la creación de la polémica unidad, que ahora es investigada por los poderes legislativo y judicial en el que se convirtió en el mayor escándalo de la administración Alvarado Quesada.

La moción aprobada por la comisión desde diciembre anterior era clara en que para efectos de esa audiencia se utilizaría el salón del Plenario y además se tendrían por canceladas todas las comisiones de ese día, con el fin de que la mayoría de los diputados pudieran estar presentes.

Ambos criterios, sin embargo, fueron debatidos recientemente a raíz de un pronunciamiento del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que advirtió que esa decisión roza lo inconstitucional pues la comparecencia podría convertirse en una “interpelación solapada” al mandatario.

La Sala Constitucional establece que, en esa independencia de poderes, las audiencias o comparecencias son posibles, pero no una interpelación.

“Claramente por la posibilidad y la eventualidad de que una cantidad importante de diputados y diputadas quieran participar de esa audiencia es que se previó, en medio de la pandemia y con las medidas de aforo, seguridad y espacio, utilizar ese recinto.

“No es lo mismo que llevar a cabo una sesión del Plenario que una sesión de comisión en el Plenario, como ha sucedido con la comisión de Hacendarios para audiencias de diversa índole, sin embargo, entiendo que el presidente de la Asamblea Legislativa solicitó a Protocolo que se valoraran otros recintos ante esas observaciones de Servicios Técnicos”, dijo Silvia Hernández, presidente de la comisión UPAD.

Efectivamente Eduardo Cruickshank hizo esa solicitud al departamento de Protocolo a inicios de esta semana y la respuesta fue que el salón de Expresidentes podría recibir a una buena parte de la totalidad de los diputados, pero no a todos.

“Si la memoria no me falla serían unos 50 diputados, eso quiere decir que solo siete no podrían ir, pero es mentira que ahí vamos a estar los 57, yo sé de algunos que ya dijeron que no asistirán”, dijo Cruickshank.

El presidente del Congreso insistió en que no será la posición de la presidencia ir en contra de la advertencia de Servicios Técnicos ni exponer la investigación por un vicio de inconstitucionalidad que puede evitarse, pero que asegura no se hace por la intención de un grupo de diputados (no dijo cuáles) de querer seguir adelante con una interpelación solapada.

“El criterio de Servicios Técnicos es claro de no utilizar el Plenario ni suspender el resto de la agenda, esta presidencia no está de acuerdo y yo dará su voto, pero el Pleno es soberano y si ellos consiguen los 38 votos lo pueden hacer.

“Esta presidencia es respetuosa de las leyes y de ese pronunciamiento, por eso se ofrecieron opciones (salón de expresidentes o de comisiones plenas), pero yo creo que hay una intención por esa interpelación solapada”, aseguró el legislador.

Hernández aseguró que la posición será discutida en la próxima reunión de jefes de fracción para que ahí se decida si el tema llega al Plenario.