Corte Suprema y TSE se oponen a reforma para eliminar inmunidad a jerarcas de supremos poderes
Magistrados coinciden en que la Constitución Política ya prevé los mecanismos para levantar ese fuero cuando se pruebe necesario.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, calificaron de “innecesaria” la reforma constitucional que eliminaría la inmunidad a jerarcas de supremos poderes investigados por corrupción.
En audiencia ante los diputados de la comisión especial que analiza la propuesta, tanto Aguirre como Zamora insistieron en que la Constitución ya prevé los mecanismos para levantar ese fuero de protección en los casos donde se pruebe necesario, por lo que eliminarlo de antemano sería desvirtuar el fin con el que fue creado.
“La inmunidad no es un beneficio del funcionario, es una prerrogativa en pro del interés público, de tal manera que pueda realizar su función con entera libertad, sin presiones indebidas y de manera independiente.
“El fuero es una fortaleza para la democracia y en ese sentido alcanza carácter de derecho fundamental”, dijo Aguirre.
“Consideramos que (la reforma) no es necesaria. No vamos a pensar que es que la inmunidad que tienen los miembros de los supremos poderes impide juzgarlos; no, la posibilidad está prevista en la misma Constitución y en las leyes procesales penales, lo único es que hay que pasar por un filtro para evitar acciones de mala clase, pensadas para obstaculizar el funcionamiento de los diputados”, añadió.
Zamora fue más allá y criticó que equiparar la inmunidad con la impunidad es desconocer los alcances que ya tiene la Constitución.
“Equiparar inmunidad con impunidad es desconocer que la propia norma que se pretende modificar sí establece un procedimiento especial para levantar el fuero de un miembro de supremo poder que se pretenda juzgar por un delito, en nuestro país no existe un obstáculo de procedibilidad para el juzgamiento de estos servidores”, aseveró.
La propuesta, presentada en la Asamblea Legislativa anterior por el entonces diputado José María Villalta, defiende que en casos de corrupción el fuero de protección se convierte en una traba para la justicia, haciendo “tortuoso” el proceso al tener que esperar por la solicitud de la Corte a los diputados para analizar y levantar la inmunidad.
Los magistrados aseguraron que actualmente los plazos a nivel de la Corte para esas solicitudes “son muy razonables”, pero que es el propio proceso de investigación el que hace lento el avance de esos casos.