Corte revisará medidas cautelares tras liberación de funcionarios señalados por ayudar a "Diablo"
Los magistrados proponen un análisis profundo del régimen de medidas cautelares para que, en el análisis de los jueces, se incluya la "relevancia social" y el "interés público" de los casos y el impacto de esas decisiones.
La Corte Plena acordó este lunes hacer una revisión del régimen de medidas cautelares para ajustarlo a los nuevos desafíos que trae consigo la penetración del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
El acuerdo, que da 15 días a las Salas I, II y III para presentar diferentes propuestas de mejora, surge a solicitud de los magistrados Paul Rueda, Jorge Leiva, Luis Porfirio Sánchez, Jorge Olaso y Patricia Vargas, luego de que se conociera de la liberación de tres funcionarios judiciales, la semana anterior, señalados por presuntamente ayudar a la banda criminal de Alejandro Arias, alias “Diablo”.
“La realidad nos está imponiendo el análisis de las leyes que regulan las medidas cautelares.
“Establecer los requerimientos y qué tan precisa es la legislación actual de forma tal que a la hora de aplicar medidas cautelares se haga un análisis, obligado por ley, de las distintas circunstancias que una u otra situación va a justificar que determinada medida cautelar se imponga o no”, justificó Rueda.
Leiva precisó, por su parte, que esas decisiones deberían incorporar “la relevancia social” de esas decisiones, mientras que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, habló del “interés público” que deberían resguardar las personas juzgadoras.
Sin embargo, los magistrados reconocieron que la propuesta también responde a las constantes y crecientes críticas de la ciudadanía sobre las decisiones de los juzgados, que liberan a sospechosos a pesar de la severidad de lo denunciado, como sucedió con esos dos jueces y una agente judicial la semana anterior.
“Preocupa ver que una persona juzgadora emite una resolución en una medida cautelar y le ordena prisión preventiva por un año y a otras personas del poder judicial simplemente les ordena ir a firmar cada 15 días. Esto obliga a la Corte a ver qué es lo que está pasando”, expresó el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez.
La magistrada Roxana Chacón, también del tribunal laboral, recordó que uno de esos jueces liberados el pasado jueves ya había sido despedido por la Corte Plena, pero el Tribunal Contencioso ordenó restituirlo.
“Pareciera que ahí se borra la memoria y todo lo actuado y las razones por las cuales se despidió no tienen ningún efecto y se dicta una medida cautelar para regresarlo a su puesto de trabajo”, criticó.
Patricia Solano, presidenta de la Sala Penal, advirtió que una solución a ese problema podría ser el despido con responsabilidad de personas señaladas por delitos graves, de manera que no exista posibilidad de apelación y se pueda asegurar que estos funcionarios sean retirados para siempre de la función judicial.
La Corte también pidió analizar reformas para las medidas cautelares que se dicten también contra personas fuera del ámbito judicial, por ejemplo, en el caso de la hermana de alias “Diablo”, quien también fue detenida y liberada junto a los funcionarios judiciales.
