Corte advierte: Sin colegiatura obligatoria, desaparecerán alertas sobre profesionales

El proyecto de ley que plantea eliminar la colegiatura obligatoria —con algunas excepciones— requerirá 38 votos para ser aprobada en definitiva por la Asamblea Legislativa.

Lo anterior luego de que la Corte Plena acogiera la mañana de este lunes un informe que concluye que la iniciativa de la diputada oficialista Marta Esquivel afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.

El acuerdo unánime tomado por los magistrados —con excepción de la Sala Constitucional, que se abstuvo— conlleva la aplicación del artículo 167 de la Constitución Política, que eleva la votación necesaria para que una iniciativa se convierta en una realidad.

Sin mayor discusión, los altos jueces respaldaron la tesis de la magistrada Julia Varela en relación con el expediente 25.747, en el sentido de que este modifica las condiciones que se aplican al personal judicial y a quienes concursan por puestos en esa institución.

Por ejemplo, a partir de un informe técnico rendido por la Dirección de Gestión Humana, la alta jueza mencionó que, de consumarse la reforma, deberán modificarse los controles y reglamentos del Poder Judicial, así como los perfiles y manuales de puestos de la entidad.

Ello en tanto que, actualmente, la institución tiene en planilla a profesionales en Derecho, Informática, Psicología, Medicina, Trabajo Social, Contaduría y otros de áreas administrativas. Con el proyecto, a ninguno de esos servidores, ni a quienes en el futuro ingresen para ocupar plazas asociadas a esas profesiones, podrá exigírseles el estado colegiado.

Al eliminarse el requisito, la Corte deberá entonces redefinir desde concursos hasta expedientes administrativos, esta vez sin la fuente externa de verificación de habilitación profesional y de responsabilidad ética que ejercen los colegios profesionales. Por lo anterior, el Poder Judicial se verá en la obligación de implementar nuevos mecanismos de verificación de títulos, lo que se traducirá en nuevas cargas de trabajo para Gestión Humana, advirtió Varela.

De igual forma, se tiene que la iniciativa otorga a las instituciones públicas, como patrones, la responsabilidad disciplinaria sobre los profesionales, lo que implicará que la Corte tenga que ejercer un control asociado, para lo cual no tendrá ninguna información paralela de parte de los colegios, su código de ética ni tribunales gremiales.

"¿Qué riesgos se pueden dar a nivel de control interno y verificación de idoneidad? El informe técnico indica como riesgo concreto que la sola tenencia de un título universitario no acredita por sí misma actualización técnica permanente ni apego ético. Sin embargo, (también) desaparecen las alertas que hoy pueden provenir de un colegio profesional, por ejemplo, suspensiones o inhabilitaciones. El Poder Judicial deberá crear mecanismos alternativos para evitar nombrar y mantener en servicio a personas cuya idoneidad profesional esté cuestionada", explicó la magistrada.

También se alerta de que deberá hacerse un análisis jurídico de las implicaciones de la eliminación de la colegiatura en el cálculo de los salarios, a fin de evitar potenciales reclamos.

En ese sentido, la magistrada subrayó que, si bien la propuesta no crea nuevas competencias para el Poder Judicial, sí cambia la forma en la que deben hacerse cumplir las actuales, con una incidencia en la carga de trabajo y en los costos de la entidad.

A ello se abona que, para efectuar todos los cambios citados, la Corte contará con seis meses, un periodo considerado "corto" por el informe.