Por Juan José Herrera |16 de mayo de 2023, 16:22 PM

La Contraloría General de la República dio parcialmente la razón a las empresas Dekra y Riteve en sus alegatos contra la licitación impulsada por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular en Costa Rica.

Ese cartel, que se publicó a finales de marzo anterior con el fin de precalificar a empresas interesadas en un contrato de 10 años, fue apelado además por la mexicana Icards Solutions S. A. A esta última se le rechazó de plano.

“Dentro de los temas que se discutieron en las objeciones, se encuentran la experiencia mínima requerida como admisibilidad, los requisitos y su valoración en caso de consorcios, capacidad financiera, normas técnicas, sistema de evaluación propuesto, certificaciones asociadas al servicio requerido y aspectos operativos correspondientes a la segunda etapa de precalificación”, dijo la Contraloría.

Icards Solutions, por ejemplo, objetó la cantidad mínima de revisiones que los interesados debían demostrar a Cosevi (50 millones).

Riteve y Dekra, por su parte, alegaron inexactitudes en algunas de las especificaciones técnicas que se ponen como requisitos en el cartel de precalificación y también otros de admisibilidad que dificultan la participación de cualquier interesado.

La Contraloría estuvo de acuerdo con algunos de esos alegatos y, por lo tanto, realizó una serie consideraciones de oficio, que incluyen la solicitud de estudios técnicos que respalden esas solicitudes en la segunda fase del concurso.

“Ahora el Cosevi debe atender lo resuelto y ajustar el pliego de condiciones en lo que resulte necesario para continuar con la tramitación. Una vez ajustado el cartel, debe publicarlo y nuevamente iniciar el proceso de recepción de ofertas, del cual es responsable en toda su gestión”, dijo el ente contralor.

La alemana Dekra, que hoy presta el servicio de inspección técnica, tiene un uso en precario hasta octubre de 2024, por lo que Cosevi quiere que para esa fecha ya esté definida cuál será la empresa encargada de ese servicio de manera oficial por los próximos 10 años.

La intención de las autoridades es que para abril del próximo año puedan anunciar a ese nuevo prestatario, de manera que esta tenga seis meses para instalarse en el país y, además, para construir nuevas estaciones de servicio que vengan a reforzar las actuales.

Para esto se utilizará un modelo de concesión como el que precisamente utilizó Riteve, que construyó las estaciones y luego las transfirió al Estado cuando concluyó el contrato.


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