Constitucionalistas: Permitir referendos para pensiones abriría peligroso portillo

Permitir que el tema de pensiones se discuta vía referendo abriría un peligroso portillo para los regímenes del país.

Así lo advierten los abogados constitucionalistas Rubén Hernández y Ricardo Nassar, quienes coinciden en que un tema tan técnico no debería discutirse en una consulta popular.

Este lunes, la oficialista Pilar Cisneros presentó una propuesta de reforma constitucional que excluiría el tema de pensiones del artículo 105 de la Carta Magna, precisamente encargado de restringir en qué materias es o no posible un referendo.

Ese cambio, según la legisladora, permitiría poner fin a la inequidad que existe entre los diferentes regímenes, diferencias que originaron las llamadas pensiones de lujo y que, hasta ahora, no han podido solucionarse vía reforma legal.

“Con el ánimo de potenciar la decisión soberana del pueblo en una materia sensible a su interés, es que se presenta a la consideración de los señores diputados y señoras diputadas la presente reforma constitucional”, dice la justificación de Cisneros.

El problema, para los constitucionalistas, es que eliminar esa restricción no solo podría no solucionar ese problema, sino incluso empeorarlo.

“Así como puede eventualmente usarse, como pretende Pilar, para eliminar las pensiones de lujo, también puede ser usado para crear nuevos privilegios, y ahí sí es peor. Imagínese que la gran masa (de ciudadanos) vaya a votar para que le den más derechos. Podría pasar”, criticó Hernández.

“Si se da la posibilidad de que sea por medio de referéndum cualquier reforma y queda abierto, podría ser que sea para arriba, entonces ya no solo haría inoperante, sino que haría inexistente cualquier régimen”, advirtió Nassar.

Ambos expertos coinciden en que tomar decisiones tan técnicas desde una visión popular podría suponer una grave amenaza para la estabilidad de los regímenes que hoy sostienen las pensiones del país.

“En materia tan delicada uno no puede dejar que sea la gente la que decida, porque la gente actúa a base de emoción y todo mundo dice que las pensiones son de lujo y entonces todo el mundo va a votar a favor de eliminarlas, ya por ahí los dados irían cargados.

“Pero del otro lado, regular sin estudios técnicos, sin estudios actuariales muy serios, permitiría que la gente diga 'sí, refórmense', ¿y si después no hay contenido económico para eso? ¿Qué pasa? Porque de la misma forma en que se puede reformar para quitar privilegios se puede hacer para crear nuevos”, dice Hernández.

Finalmente, el tercer problema es de forma. 

Una reforma constitucional necesita de dos votaciones calificadas (al menos 38 votos) en dos diferentes legislaturas (años).

Aparte de eso, la Sala Constitucional tendría una opinión no vinculante sobre esta, pero perfectamente, si no la avala, podría caerse vía acción de inconstitucionalidad.

“No sería viable, digamos desde un punto de vista no solamente legal, sino que también político, realizarlo en dos legislaturas. Estamos comenzando el segundo año del Gobierno, o sea que esta reforma, básicamente, de darse, sería casi al final del gobierno actual. Es muy probable que no se vaya a dar.

“Y en un análisis de conveniencia y de proporcionalidad legal es también probable que el régimen de pensiones no soporte una reforma por referendo para estar cambiando cada año el régimen, eso lo haría inoperante y por eso, precisamente, es que existe esa restricción en el artículo 105, para darle vigencia y viabilidad al régimen”, sentenció Nassar.

La propuesta apenas empezará a andar en el Congreso, por lo que aún deberá pasar todo el proceso de consultas y análisis antes de someterse a votación.

La administración de Rodrigo Chaves ha anunciado una "guerra directa" contra las pensiones de lujo, sin que hasta ahora haya logrado eliminarlas.