Por Juan José Herrera |8 de agosto de 2022, 18:12 PM

Una vez más, los diputados le dieron la espalda al Gobierno y rechazaron la liquidación del presupuesto ordinario de 2021, el último a cargo de la administración de Carlos Alvarado.

El Congreso decidió improbar esa liquidación, que incluyó gastos por casi ₡11.6 billones (miles de millones) y un porcentaje de ejecución del 93%, debido a desórdenes en pagos e incumplimientos reiterados en diferentes temas, por ejemplo, los principios presupuestarios.

La principal queja del Congreso, que también apoyó la Contraloría General en un amplio informe, pasa precisamente por el desorden en la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública, en la que se reportan millonarios pagos de más y salarios que se dejaron de trasladar.

“Desde 2001 solo una vez la Contraloría ha avalado la liquidación presupuestaria. Son más de 20 años de incumplimiento sistemático de la ley, en donde se repiten una y otra vez los mismos errores e inconsistencias sin que se establezcan las responsabilidades pertinentes o se propongan modelos que mejoren la eficiencia del sistema presupuestario”, lamentó la liberacionista Paulina Ramírez, presidenta además de la Comisión de Hacendarios.

Ramírez lamentó que, como país, se hace muy poco para atender un problema que calificó de estructural y que afecta año tras año las finanzas públicas.

“Improbar la liquidación del presupuesto de la república correspondiente al ejercicio 2021 no es una decisión deseada, pero cuando se evidencia una serie de errores materiales y generalizados en algo tan delicado, se torna la decisión más acertada.

“Estamos hablando de horrores en el pago de docentes, porque cuando un error se vuelve repetitivo es un horror, tanto en sumas pagadas de más como en pagos no realizados”, dijo a su vez la oficialista Ada Acuña.

La Contraloría advirtió que la falta de información traslada desde el Ejecutivo incluso podría haber presentado una sobreestimación de 0,7% en el déficit financiero (fiscal, relación ingreso/gasto) para el año anterior.

Además, cuestionó que de 104 instituciones auditadas en 2021, solo 58 cumplieron con la regla fiscal, 21 la incumplieron y las 25 restantes no aportaron la información necesaria para determinarlo.