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Los diputados rechazaron, por mayoría, la liquidación presupuestaria de 2020, haciendo eco, una vez más, de las falencias del Gobierno en la ejecución de los recursos públicos.

Igual que el año anterior, los legisladores se apoyaron en la decisión de la propia Contraloría General de no avalar la liquidación, ante los errores en la ejecución y las malas clasificaciones en diferentes partidas.

Sin embargo, criticaron que el rechazo de los presupuestos se está volviendo una costumbre sin consecuencias para el Gobierno ni cambios para el país.

“El improbar los presupuestos de la República se ha convertido en un acto recurrente desde 2009 o 2010… Si bien es cierto que tenemos que cumplir con una labor que la Constitución nos asigna, ya llegó el momento para este país de cambiar la forma en que se evalúa el gasto público”, dijo la liberacionista Yorleny León.

La Contraloría ya había dicho a la Comisión de Asuntos Hacendarios que, entre muchos otros, los errores en el registro de ingresos y gastos provocaron una subestimación del déficit fiscal para el cierre del año, que se presentó en 8,1% cuando lo correcto era 8,5%.

Esos errores ascendieron hasta los ₡12 mil millones en el apartado de ingresos y recursos no registrados por hasta ₡57 mil millones sobre el impuesto a propiedad de vehículos o transferencias por devoluciones a las universidades.

“Ese conjunto de debilidades y omisiones provocan que el país deba incurrir en una serie de gastos asociados a los retrasos de los proyectos. De hecho, las comisiones de compromiso pagadas en 2020, que son comisiones asociadas con líneas de crédito no utilizadas o préstamos no desembolsados, ascendieron a los $6 millones”, cita el informe de Hacendarios.

Entre muchos otros, los diputados ordenaron al Ministerio de Hacienda ajustar las metas fiscales del país a mediano plazo y que informe, en un plazo no mayor a 15 días, del impacto que han tenido los diferentes préstamos que esta Asamblea Legislativa ha aprobado desde 2018.

A la Contraloría, por su parte, se le ordena investigar las irregularidades señaladas en la liquidación y presentar, en un plazo máximo de 90 días, las razones puntuales que llevaron a estos y siente las eventuales responsabilidades que existan.