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Con 32 votos a favor este miércoles los diputados aprobaron el informe de mayoría de la investigación legislativa por el caso UPAD, que propuso entre otras solicitar investigaciones penales contra la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.

El informe, que fue rechazado por los ocho diputados del PAC presentes, acusa a Garrido del presunto delito de falso testimonio al alegar desconocimiento absoluto del decreto que dio vida a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, esto pese a que, afirman, hay suficientes pruebas que así lo demuestran.

A Soto, por su parte, se le señala por el traslado de información sensible al exasesor de Casa Presidencial, Santiago Álvarez, aludiendo que este lo solicitaba en nombre del señor presidente de la República, Carlos Alvarado.

El documento también centra la autoría del polémico decreto en el presidente Carlos Alvarado, a quien califica de su principal impulsor y de ser la cabeza detrás de la iniciativa que le costó el cargo a ministros, viceministros y asesores.

La aprobación legislativa también da pie para que la Fiscalía investigue a la exministra del IMAS, María Fullmen, por su relación con el traslado de información desde el Sinirube al propio Álvarez; lo mismo que a la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Elizabeth Mora, por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo.

El informe recomienda también a la Fiscalía ampliar las investigaciones que ya se siguen contra el presidente Alvarado, el exministro de la Presidencia y diputado, Víctor Morales Mora, y el exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto.

Además recomienda que el expediente legislativo se traslade como prueba documental para la investigación contra el director de Sinirube, Eriksson Álvarez, lo mismo para Santiago Álvarez y los también exasesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y Felly Salas.

Más responsables

El informe avalado hoy por amplia mayoría reúne la extensa investigación legislativa de más de un año por el caso UPAD y recoge también una larga serie de recomendaciones para otras entidades como la Contraloría y la Procuraduría.

A la primera se le solicita investigar las presuntas irregularidades en todos los funcionarios públicos señalados y evaluar posibles sanciones o destituciones contra estos.

A la Procuraduría evaluar si sus actuaciones constituyen faltas a la ética y probidad.

Al Colegio de Abogados se le pide investigar y de ser el caso sancionar a todos los profesionales de esta rama involucrados en el caso. 

A la Presidencia y el ministerio de la Presidencia se le solicita eliminar cualquier unidad de análisis de dato creada dentro de esta y rescindir cualquier contrato o convenio que les permita acceder a datos sensibles.

Al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) se le solicita determinar el alcance que tuvo la vulneración de datos sensibles por parte de la unidad presidencial en cualquiera de sus versiones.