Congreso endurece condiciones para limpiar antecedentes de criminales
Proyecto amplía los plazos del Registro Judicial para las personas que ya cumplieron sus penas.
Con el voto afirmativo de 44 diputados, el Plenario Legislativo aprobó esta tarde, en primer debate, el expediente 23.746, que endurece las condiciones y plazos para limpiar los antecedentes judiciales de los criminales.
La iniciativa, presentada por el socialcristiano Leslye Bojorges, busca precisamente ampliar los plazos en el Registro Judicial, de manera que el récord de las personas sentenciadas permanezca incluso años después de haber cumplido sus penas.
El proyecto reforma el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, que es precisamente el que define los parámetros en los que el registro cancelará los asientos de los condenados.
Así, las nuevas reglas serán:
a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de días multa. (Actualmente, es por penas inferiores a tres años o por delitos culposos).
b) Cuando la pena sea inferior a tres años, la cancelación de los asientos se efectuará cuando transcurra el mismo plazo de la pena señalada en la sentencia condenatoria.
c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años y en delitos culposos.
d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y diez años en adelante.
e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante y cuando sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, Terrorismo, Delitos Sexuales contra Menores de Edad, Homicidio Calificado, Feminicidio y Delitos contra los Deberes de la Función Pública.
f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los términos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.
En este último punto, se aclaró que, si la solicitud de certificación de juzgamientos se realiza para temas laborales, en esta se consignarán la existencia de aquellos vigentes referidos a los puntos e y f.
Con la propuesta, el Congreso pretende evitar la impunidad en el caso de personas que sean reincidentes, pero se juzguen como si fueran primeros delitos por ese borrado de antecedentes.
El proyecto se votará en segundo debate este jueves 1° de febrero.
