Congreso da luz verde a proyecto para impulsar zonas francas fuera del GAM
Además de los incentivos habituales del régimen, se darán otros adicionales para iniciativas que se desarrollen en los cantones más alejados del país.
Los diputados aprobaron este miércoles, en segundo y definitivo debate, el expediente 22.607, que impulsará la creación de zonas francas fuera de la Gran Área Metropolitana.
El proyecto propone incentivar el desarrollo de nuevos parques industriales con una serie de incentivos adicionales a los que ya disfrutan las empresas en este régimen.
Por ejemplo, los cantones más alejados del GAM disfrutan de reducciones en los pagos a la seguridad social con excepción de la CCSS. Así, las cargas sociales de Fodesaf, Banco Popular, IMAS o INA tendrán descuentos especiales que irán disminuyendo con el paso de los años.
Además, establece normativa que exhorta a las autoridades competentes para incluir planes de conectividad e invita a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a aplicar tarifas reducidas de agua y electricidad para estos parques.
El proyecto también crea, dentro del régimen de zonas francas, tres nuevas categorías de empresas: la de los servicios de salud humana (odontológica, oftalmológica y cirugía estética), la de insumos (agrícolas, pecuarios y pesqueros) y la de parques sostenibles de aventura.
“Esta es una oportunidad para que Costa Rica acelere el proceso de atracción de inversión extranjera en regiones de nuestro país que injustamente no han recibido inversión de zonas francas ni disfrutado de los beneficios, oportunidades y bondades que este régimen, ha brindado a Costa Rica”, aseguró el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, uno de los principales impulsores del proyecto.
“Hoy sembramos la esperanza del desarrollo para la mitad de los habitantes del país. Impulsamos una Costa Rica más justa con nuestras costas, fronteras y cantones rurales”, añadió.
Se estima de las empresas establecidas dentro del régimen de zonas francas generan en el país al menos 190 mil empleos directos e indirectos y pagan solo a la CCSS un estimado de $900 millones.