Por Juan José Herrera |18 de mayo de 2021, 16:48 PM

Con el voto afirmativo de 48 diputados este martes quedó aprobado en segundo debate el proyecto que dará vida a la nueva Ley General de Contratación Pública, que promete reformar la forma en que el Gobierno realiza sus compras y contrataciones.

La futura ley deja sin efecto a la de Contratación Administrativa, vigente desde 1996 y que según los diputados se ha probado insuficiente para supervisar los procesos de compra de las diferentes instituciones públicas.

“La adquisición de obras, bienes y servicios en Costa Rica debería realizarse a través de los procesos de compra dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa, es decir, que al margen del tema de salarios y pagos de servicios ordinarios, todo el resto del aprovisionamiento requerido por parte de las instituciones públicas debería realizarse en el marco de esta ley vigente desde 1996.

“Sin embargo, a lo largo de estos casi 25 años, se han venido acumulando una serie de hechos que hacen imperiosa la necesidad de modernizar la legislación de compras públicas”, explicó la liberacionista Ana Lucía Delgado, proponente de la iniciativa.

Entre otras, la Ley de Contratación Pública propone una aplicación irrestricta para todo el aparato estatal y que todos los procesos se realicen mediante el Sistema Unificado de Compras, que servirá de pilar para el acceso a la información de contrataciones públicas y rendición de cuentas.

Dicho sistema elimina la posibilidad de realizar una contratación directa, garantizando la debida competencia y supeditándola a mejores controles y estándares internacionales.

La también verdiblanca Yorleny León, aseguró que esta ley, por ejemplo, hubiera evitado las polémicas compras de insumos médicos que ahora son cuestionadas a la CCSS en medio de la pandemia.

La Contraloría ya había hecho público su apoyo a la reforma, asegundo que permitiría fomentar la competencia en la contracción pública, simplificar procedimientos y brindar mayor seguridad jurídica.

Todo esto, dijo el ente controlar, también significaría un impulso a la infraestructura pública.

La propia Contraloría estimó que este nuevo modelo permitiría un ahorro anual de alrededor de un 1.55% del PIB, es decir, unos ₡580 mil millones.

Este miércoles también quedó en firme el cuarto presupuesto extraordinario del 2021, que dotará al Fondo de Subsidios para la Vivienda del Banhvi de ₡28 mil millones que permitirá dotar de casa digna a las personas más necesitadas.