Por Juan José Herrera |11 de febrero de 2021, 19:37 PM

Este jueves se aprobó nuevamente en primer debate el expediente 20.715, que modifica varios artículos de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.

Luego de acoger el veto parcial que el Poder Ejecutivo le realizó a la iniciativa que ya había sido votada en segundo debate, los legisladores le devolvieron a la reforma la obligatoriedad del consentimiento en vida para la donación de órganos o tejidos que había sido descartada en la discusión previa.

Se mantiene eso sí la obligatoriedad al Tribunal Supremo de Elecciones a detallar en todo documento de identificación que emita el consentimiento o no para esa.

La Caja Costarricense de Seguro Social también incluirá en su expediente de digital la aceptación o negativa de sus usuarios, lo mismo que la Dirección General de Migración y Extranjería con los pasaportes.

La reforma también pretende agilizar estos procedimientos a fin de que se pueda atender a más personas de una manera más oportuna.

Segundos debates

42 diputados votaron de manera favorable el expediente 21.466, que defiende que todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. 

También, se aprobó el expediente 20.779, que elimina la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión fiscales entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

El legislador de Liberación Nacional, David Gourzong Cerdas explicó que este proyecto es importante para el país frente a la entrada a la OCDE, como parte de los estándares internacionales en temas fiscales.

También con 42 votos se aprobó el proyecto 21.553, que permitirá la intervención de rutas cantonales por parte del Consejo Nacional de Viabilidad

Finalmente también se votó el expediente 21.613, que defiende el traslado del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz.

Según la exposición de motivos del proyecto, el Registro Nacional estima un saldo del superávit libre de casi ₡5.700 millones que podría ser utilizado para las necesidades del ministerio.