Por Juan José Herrera |15 de febrero de 2022, 17:50 PM

Con el voto unánime de 40 diputados, este martes se aprobó en segundo y definitivo debate el expediente 22.744, que evitará la reducción salarial de los educadores por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La iniciativa, del liberacionista Wágner Jiménez, solucionará la antinomia jurídica que existe entre esa reforma y la Ley de Salarios de la Administración Pública, que chocan entre sí por el llamado “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia”.

Antes de la reforma fiscal, ese incentivo correspondía al 8,33% del salario total del docente, incluyendo componentes como carrera profesional o los aumentos salariales.

Sin embargo, la ley de 2018 prohíbe los incentivos porcentuales y obliga a hacerlos nominales, de manera que este se calcularía solo a partir del salario base.

Eso, según estimó Jiménez, podría significar una rebaja inmediata de hasta ₡200 mil en los salarios más altos de los educadores públicos, algo que sería ilegal, pues la propia reforma fiscal prohíbe rebajas retroactivas en perjuicio de los trabajadores, originando así esa antinomia.

Esta tarde, los legisladores de diferentes bancadas aplaudieron el proyecto de Jiménez por solucionar lo que calificaron como una “injusticia” incluida en la reforma fiscal, injusticia que subrayaron nunca fue la intención del Congreso al redactar y aprobar la ley.

La reforma ya había sido calificada como urgente por el propio Gobierno, de manera que es esperable que ahora que llegue a manos del Ejecutivo sea firmada sin demora por el presidente Carlos Alvarado.