¿Cómo se prepara la Sala III para recibir los juicios contra miembros de Supremos Poderes?

La agenda de la Sala de Casación Penal empieza a llenarse con asuntos que no necesariamente son usuales.

Entre el 11 y el 14 de noviembre próximo, el Alto Tribunal celebrará un juicio oral y público contra el diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Alexánder Barrantes, por aparente tráfico de influencias.

También, hasta el 26 de agosto anterior, se llevaban a cabo varias gestiones para la toma de la declaración indagatoria del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, por un presunto peculado.

Pero sin duda, el caso que más interés despierta es uno que la Asamblea Legislativa tiene bajo estudio: el que se sigue contra el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, por supuesto peculado.

Si bien el juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes le corresponde a la Sala Tercera, lo cierto es que no es tan común que un caso de ese tipo alcance esa instancia.

El único antecedente que se tiene es el debate del excongresista Jorge Angulo, sin embargo, este fue suspendido el 9 de enero de 2014 por problemas de salud que presentaba el entonces acusado.

De ahí que surja entonces la duda de cómo se preparan los magistrados para hacer frente a esos casos.

"Hay una política en la Sala con la que priorizamos los temas. Primero, como siempre en todos los casos de materia penal, las personas privadas de libertad y algunos otros asuntos si están próximos a prescribir.

"Supremos Poderes siempre entran dentro de las prioridades de resolución de la Sala. No es ahora de los que vienen, es una prioridad dentro de lo que resolvemos. Y entonces, estamos preparados para, dentro de las obligaciones que tenemos, hacerles frente", explicó en conversación con Teletica.com la presidenta del Alto Tribunal, Patricia Solano.

Esta jueza, quien además lidera la Comisión de la Jurisdicción Penal de la Corte Suprema de Justicia, recordó que se han hecho instancias para que los tribunales den respuestas oportunas a las partes en los procesos que tienen a su cargo.

Bajo esa línea, confía en que ocurra lo mismo en los casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes.

"La Sala, de igual manera, se prepara para poder cumplir con nuestros deberes constitucionales en los tiempos, sin afectar derechos fundamentales, pero dándole la respuesta oportuna", enfatizó la magistrada.

Valga recordar que Barrantes deberá enfrentar un contradictorio por aparentemente haber ofrecido embajadas y puestos a la también parlamentaria Sofía Guillén, a cambio de que su fracción (la del Partido Frente Amplio - PFA) apoyara un proyecto que se discutía para autorizar la emisión de eurobonos, el 9 de noviembre de 2022.

Campos, por su parte, afrontará un juicio por hechos que ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Específicamente, al jerarca se le atribuye una presunta inserción de datos falsos en la confección de boletas de liquidación de gastos de viaje.

Chaves y Rodríguez enfrentan un proceso que tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que diera $32.000 al exasesor del mandatario, Federico "Choreco" Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Este caso, en particular para el gobernante, se diferencia de los demás en que el presidente todavía cuenta con fuero de protección y, por ende, no procede el juicio en su contra. Ello puede cambiar el 22 de setiembre siguiente, si 38 diputados o más aprueban levantarle la inmunidad para que encare el debate.

En el horizonte

Rodrigo Chaves, sin embargo, tiene una segunda acusación con solicitud de desafuero por aparente financiamiento ilegal durante la pasada campaña.

La misma debe ser primero conocida por el Tribunal de Corte Plena, que deberá valorar si la pieza formulada por el fiscal general Carlo Díaz supera o no los requisitos mínimos, para luego ser pasada al Congreso.

Ese caso es todavía más complejo, en el tanto que entre los imputados también figuran los diputados de gobierno Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André.

Todos ellos tienen fuero de improcedibilidad penal en virtud de sus cargos, lo que obligará a repetir el proceso antes señalado.