Por Juan José Herrera |21 de marzo de 2024, 10:57 AM

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acordaron, este jueves, archivar la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (23.688) que impulsaba el gobierno de Rodrigo Chaves.

En su lugar, según la presidenta Gloria Navas, pretenden incluir esas competencias dentro de la Ley de Ejecución de la Pena (24.019) que presentó el verdiblanco Rodrigo Arias.

La decisión sorprendió al órgano no por el fondo sino por la forma, pues Navas dio a conocer que existe un trabajo adelantado para fusionar ambos textos y presentarle un texto sustitutivo al 24.019, algo que la comisión desconocía.

“Se están realizando tres reuniones semanales, han participado el ministro de Justicia, el fiscal general y los miembros de la mesa de los tres poderes de la República. Al examinar ambos proyectos, se determinó que el de ley penitenciaria es administrativo y el otro es más de tipo jurisdiccional, entonces se llegó a la conclusión de que era mejor integrar en una sola ley para trabajar de manera coordinada el tema penitenciario dentro de ejecución de la pena”, explicó Navas.

El liberal reaccionó con evidente molestia ante esa revelación y recordó que la iniciativa de ley es una potestad única y exclusiva de la Asamblea.

“Yo lo que estoy viendo es que se está asumiendo una posibilidad de unir textos, construir una sola cosa y presentarla, pero aquí valoraremos si corresponde ese texto o no nos parece y volveremos a los textos originales.

“Si no hay participación de los diputados de la comisión o de sus asesores, vamos a alargar el proceso de discusión o sacarlos de manera acelerada bajo presión social”, criticó.

Al final, Navas acordó que rendiría un informe sobre el avance de ese proceso de construcción y que, además, informaría cuándo serían las reuniones para que los interesados puedan participar.

El archivo, entonces, se aprobó con votos de toda la comisión, excepto del oficialista Jorge Antonio Rojas, quien dijo estar de acuerdo con esa decisión, pero que por ser un proyecto del Gobierno tenía una responsabilidad política de no archivarlo.

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