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El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se dice "atado de manos" para sancionar cualquier irregularidad en profesionales que se desempeñan en la función pública.

El director del CFIA, Olman Vargas, explicó ante los diputados que investigan el escándalo “Cochinilla” que un fallo de la Sala Constitucional, en 1998, le quitó al colegio esa posibilidad legal, haciendo su marco sancionatorio exclusivo del ejercicio privado.

Eso impide, por ejemplo, que se sancione o investigue a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) señalados en el expediente judicial de ese caso.

“La Ley del año 71 salió con la potestad de sancionar a todos los miembros, públicos o privados, pero en el año 98 vino un voto de la Sala que nos quita esa posibilidad, fue una derrota para el colegio que nos quitó la posibilidad de sancionar al miembro en función pública”, dijo Vargas.

La noticia causó revuelo entre los legisladores, quienes reaccionaron con indignación ante esa realidad que, afirman, crea un “manto de impunidad” alrededor de la función pública.

“Esto es un callejón sin salida, porque la Contraloría nos dice que no puede sancionar sobre aspectos técnicos porque no tiene esa capacidad que sí tienen ustedes, pero que entonces no pueden ejercer (…) Ustedes están creando un manto de impunidad por la interpretación que le están dando a ese voto de la Sala”, cuestionó el frenteamplista José María Villalta.

El diputado añadió que el Colegio debería ser capaz de investigar o sancionar al profesional una vez que deje la función pública, pero Vargas aseguró que no, porque el fallo es claro que no pueden actuar sobre ningún hecho en la función pública.

El director, precisamente, pidió ayuda a los diputados para tratar de “llenar esos vacíos” legales que hoy les impiden sancionar a sus miembros.

Añadió que sí tienen abiertas investigaciones por obras como las de Garantías Sociales, pues las empresas MECO y H. Solís también están afiliadas al Colegio.

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