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El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, anunció este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos el rechazo al proyecto de ley que pretende promover una amnistía a trabajadores independientes morosos con la institución.

Según Macaya la decisión de la junta directiva está sustentada en el respeto a la Constitución Política, que le da autoridad a la Caja sobre el uso y destino de los seguros sociales.

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado, todos esos filtros es lo que tiene que considerarse a la hora de cualquier iniciativa como este caso de condonar o crear una amnistía.

“Ahí es donde la junta directiva, principalmente porque está violando ese artículo 73 que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordamos oponernos al proyecto tal y como está”, dijo el jerarca.

La iniciativa busca brindar un periodo de gracia a trabajadores independientes, patronos y asegurados voluntarios morosos para que se pongan al día con sus cargas sociales.

La idea es condonar cualquier tipo de sanción, interés o multa que se originara a partir de esa morosidad durante un periodo de seis meses a partir de la aprobación de la ley.

Así, los deudores podrán pagar sus obligaciones o bien llegar a un acuerdo de pago por la deuda acumulada en un periodo máximo de cuatro años a partir de que se apruebe la amnistía. Antes de eso las deudas se darían por extintas.

El Ministerio de Planificación había presentado esta iniciativa como parte de sus esfuerzos de reactivación económica y de atacar directamente la informalidad laboral. Por esas mismas razones el Poder Ejecutivo lo incluyó dentro de sus prioridades para las actuales sesiones extraordinarias.

“No podemos permitirnos seguir destruyendo el empleo a costa de contribuciones sociales, pasándole doble factura a trabajadores como patrón y trabajador independiente”, había dicho a este medio la ministra Pilar Garrido en noviembre anterior.

Al alza

El rechazo de la CCSS al proyecto se dio apenas horas antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunciara una histórica tasa de desempleo del 12,4% y el crecimiento del trabajo informal en el país.

“En cuanto a los hombres ocupados informales al comparar con el trimestre del año anterior, se estimó un crecimiento de 48.000 hombres en la informalidad, estos trabajan principalmente en jornadas de 15 a 39 horas, en ocupaciones calificadas como medias y laboran en empresas de una a cinco personas.

“La tasa de empleo informal para los hombres aumentó en 3,1 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de mujeres con empleo informal no registró cambios y fue de 48,4 %”, dijo hoy el INEC.

La estimación del instituto es que para el último trimestre del 2019 la población ocupada con un empleo informal era cercana a un millón de personas, de las cuales 610.000 son hombres y 405.000 mujeres. 

“Es una injusticia para los costarricenses que el pueblo esté sufriendo esto (desempleo histórico) cuando yo presenté tres proyectos para atender la problemática del empleo informal en mayo de 2019 y solo uno fue convocado. Ya es hora de que el Ejecutivo pase de las buenas intenciones a las acciones, le pido al Poder Ejecutivo que convoque los tres”, afirmó el socialcristiano Pedro Muñoz, precisamente el proponente de esa iniciativa sobre la cual se basó la propuesta de Mideplan.

“Yo le pido al Ejecutivo que convoque esos otros proyectos para cumplir con la exigencia del pueblo”, añadió.

El proyecto continuará su discusión en la comisión a la espera de un dictamen que le permita llegar al Plenario.