Casa Presidencial “llamó a cuentas” a presidenta de CCSS por millonario contrato

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, reconoció este martes, ante los diputados, que Casa Presidencial la “llamó a cuentas” por el millonario contrato en el sistema Redimed y la advertencia que lanzó la Contraloría General por los problemas críticos en su aplicación.

En audiencia ante la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la institución, Taylor aseguró que tanto ella como el director de Tecnologías de la Caja, Robert Picado, fueron citados a Zapote luego de ese informe del ente contralor y los posteriores cuestionamientos en la prensa nacional.

“He asistido dos veces (a Casa Presidencial), pero no específico para los contratos, sino a raíz de la orden que nos dio la Contraloría y qué iba a hacer la Caja con esas órdenes

“Precisamente, por todo lo que había salido en prensa me llamaron a cuentas para ver si efectivamente estuvo suspendido el contrato, cuánto tiempo y cuál era la situación y qué iba a hacer la Caja”, respondió Taylor ante cuestionamientos de la frenteamplista Rocío Alfaro.

“¿Y por qué Casa Presidencial le tiene que pedir cuentas a usted y a don Robert Picado?”, le cuestionó rápidamente la legisladora, en virtud precisamente de la autonomía que, por ley, tiene la institución en su manejo.

“A nosotros nos citaron a una reunión, no necesariamente a cuentas, sino a decir cuál era la situación de la Caja”, respondió la jerarca.

“Fue usted la que dijo que la llamaron a dar cuentas. ¿En esa reunión se hizo una recomendación por parte de Casa Presidencial?

No, señora.

¿No ha habido recomendaciones sobre con quién contratar?

No, señora.

A mediados de 2025, la Contraloría ordenó a la CCSS corregir fallas graves en el sistema Redimed, una plataforma de imágenes médicas digitales con una inversión de $29.5 millones en la que, entre otras, se detectaron problemas críticos como lentitud, inestabilidad y pagos por migraciones no finalizadas.

A la audiencia de esta mañana también estaba citado el propio Picado, pero este sigue sin presentarse ante el órgano de fiscalización a pesar de que fue convocado desde mediados de enero. El 19 del pasado mes el director alegó que estaba resfriado, mientras que para hoy aseguró que su abogada tenía un juicio programado y por eso no se podría presentar.

Esa situación provocó molestias entre los legisladores, que recriminaron su resistencia a rendir cuentas ante la comisión.

“Yo creo que aquí nadie es ingenuo, creo que aquí hay una reticencia del señor de venir a comparecer", cuestionó Andrea Álvarez, presidenta del órgano.

Ahí, por ejemplo, se cuestionó el “manejo político” de la institución y un deseo de debilitar a la Caja “para justificar la privatización.

“La Caja no enfrenta una crisis por la inviabilidad del modelo solidario, sino una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.

“Lo que hoy se vive en la Caja no son hechos aislados, es un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración de poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, dijo Martha Rodríguez.