Canon propuesto para radiofrecuencias carece de fundamento técnico, asegura especialista
La iniciativa de ley está cerca de votarse en primer debate; sin embargo, las dudas sobre el impacto de su implementación persisten.
El canon propuesto para actualizar el cobro que se realiza a las empresas de radio y televisión por el uso de radiofrecuencias carece de una justificación técnica que lo respalde.
Así lo asegura el experto en regulación de telecomunicaciones, Juan Manuel Campos, luego de analizar el expediente 24.461, que está previsto para votarse en primer debate este jueves.
"Desde el punto de vista de proporcionalidad, no existe ninguno (argumento técnico). No conozco uno solo que determine por qué se llegó a ese porcentaje", dijo Campos sobre esa justificación técnica que permita explicar por qué la propuesta presentada durante el Gobierno de Rodrigo Chaves estableció un cobro de hasta un 7,73% sobre los ingresos brutos anuales de las televisoras.
¿Por qué?
En esa escala aprobada, las empresas que reporten recaudaciones de 130 salarios base, o menos, estarán exentas del impuesto. Ese salario base, de acuerdo con el proyecto, es actualmente de ₡470.401. Para ponerlo en cifras, las empresas que en el año reporten ventas brutas por debajo de ₡61.152.130 (130 salarios) estarán exentas del pago.
La administración de Laura Fernández, que da continuidad a la de Chaves, y la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), defienden esa actualización como un tema de justicia.
"A lo largo de la historia no se han actualizado las tarifas. Esas tarifas son un bien demanial del Estado, las frecuencias son un bien demanial del Estado y deben pagarse de acuerdo con el uso y la utilidad que la gente le da.
"Entonces lo que estamos haciendo es actualizar una tarifa que debió haberse subido desde hace muchos años", justificó el jefe de bancada, Nogui Acosta.
Sin embargo, también hay voces que dudan de que la iniciativa en discusión no logre actualizar el canon sin afectar a algunas radioemisoras y televisoras que podrían no subsistir con las tarifas aprobadas.
"Parte de lo que me incomoda es que siento que el espíritu (del proyecto) es un poco en contra de la libertad de expresión y de la diversidad de opciones para que la gente se informe", cuestionó la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.
Pero ¿qué otras implicaciones traería esta propuesta?
"Los diputados han venido estableciendo por medio de un proyecto que ha sido modificado varias veces la posibilidad de grabar el uso de un recurso finito que es del Estado, que son las frecuencias radioeléctricas. Pero me parece que ahí es donde se han equivocado, porque lo que se está tratando de grabar es el éxito de lo que tengan las empresas por vía de lo que ellos recogen que es publicidad.
"Entonces en la dimensión social que eventualmente podría tener un impacto directo es la posibilidad de que mucha gente que eventualmente tiene hoy la comunicación o la posibilidad de atender distintas opciones de televisión y de radio puedan quedarse sin esa comunicación, porque al final de cuentas esto es un negocio y probablemente aquellos que se vean gravados muy fuerte con lo que viene con el proyecto, dejarán de transmitir en frecuencias del Estado y se pasarán a transmitir por medios alternos", añadió Campos.
En el extremo económico, el experto, además, cuestionó que el porcentaje propuesto incluso es superior a lo que este Gobierno espera cobrar a las empresas que exploten el oro en Crucitas.
"Vea usted la paradoja costarricense: Por un lado, el Gobierno está promoviendo un proyecto de ley, que es el caso de Crucitas, en el que se impone un 5% sobre ingresos brutos sobre la extracción de oro.
"Aquí estamos hablando de frecuencias que van a dinamizar la libertad de expresión y, técnicamente, pasando los umbrales de los que serían los salarios base, tendría un monto superior al que ya está establecido para Crucitas, sabiendo que en un lado tenemos recursos no renovables, como es el caso del oro, pero por otro lado, en el caso de las frecuencias radioeléctricas que tienen por vocación la libertad de expresión, estaríamos apagando voces", añadió.
Es decir, que las empresas que exploten el oro en el país estarían sujetas a pagar un 5% sobre lo que extraigan, mientras que, por el uso de frecuencias, se pagaría hasta un 7,73%.
La propuesta, que además establece sanciones económicas por incumplimientos, excluye de estos cobros las estaciones culturales debidamente certificadas, lo mismo que aquellas pertenecientes a las universidades públicas y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
El proyecto está previsto para someterse a votación en primer debate el próximo jueves.
