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El canciller de la República, Rodolfo Solano, defendió la existencia, dentro del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, de la especialidad o “familia” referente al Servicio Exterior.

En una audiencia ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, tanto Solano como la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, y  el ministro de Hacienda, Elián Villegas, presentaron a los diputados sus puntos de vista sobre este proyecto impulsado por el Gobierno.  

El documento propone que el régimen de empleo público esté conformado por ocho "familias" de trabajadores: profesionales y no profesionales, empleados del sector de la salud, policías, educadores, universidades y régimen académico superior, empleados judiciales y Servicio Exterior y empleados de confianza.

“Hoy más que nunca la sociedad costarricense requiere que el sector público responda con eficiencia y eficacia, y la autopista que conecta el servicio público con el ciudadano, pasa necesariamente por garantizar que existe una división de funciones que genera especialidad. Si no tenemos esa especialidad difícilmente podemos exigir rendición de cuentas  a través de comprobar la idoneidad y mecanismos de evaluación para el funcionario público”, manifestó Solano.

En esa línea, el Canciller defendió que por las particularidades que tiene el Servicio Exterior, las personas que representan al país en el extranjero pasan por un concurso que permite comprobar la idoneidad que tienen para desempeñar el cargo.

Agregó que así como son personas que deben desarraigarse de su país para enfrentar la realidad de otro, el proceso de selección permite garantizar que son las más capacitadas para desempeñar el puesto. 

Por este motivo, Solano no está de acuerdo con eliminar al Servicio Exterior de la lista de "familias". 

Otros aspectos

La jerarca de Trabajo indicó que el proyecto asegura el principio: igual trabajo, igual remuneración. 

Agregó que en ningún momento se busca restar valor a las convenciones colectivas.  Sin embargo, la reflexión que se debe dar es sobre los alcances de estas negociaciones.

Por su parte, el ministro de Hacienda comentó que esta Ley será un instrumento necesario para mejorar el control de gasto público y brindar mayor transparencia al sistema salarial actual.

Entre los argumentos expuestos por el jerarca está que los salarios consumen más de la tercera parte del gasto del sector público no financiero y tienen un crecimiento vegetativo, sin tomar en cuenta los incrementos salariales.

También hizo referencia a que, actualmente, existen pagos diferenciados para funcionarios dentro de un mismo puesto  y a pesar de tener las mismas responsabilidades premia la antigüedad, lo que al final de cuentas se traduce en un desincentivo para los demás colaboradores.