AyA califica como un “llamado a debilitar la institución” informe legislativo en su contra

La presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) calificó como un “llamado a debilitar la institución” el informe legislativo que recomendó al Poder Ejecutivo la intervención urgente de esa entidad.

El presidente ejecutivo, Tomás Martínez, realizó este viernes una declaración pública donde lamentó que, luego de meses de investigación, ese órgano legislativo tomara esa decisión sin “evaluar el riesgo” que eso tendría en el futuro y que, añadió, no se justifica.

“La Presidencia Ejecutiva del AyA lamenta que meses de trabajo de la Comisión culminen con un llamado a debilitar una institución sumamente importante para el país, sin evaluar el riesgo en el que colocarían su futuro ante un paso que, por ahora, no se justifica.

“Esto debido a que, desde enero de 2021, una nueva Administración llegó a Acueductos y Alcantarillados y empezó a atender temas prioritarios con todas las acciones correctivas necesarias, que no son citadas en el informe. Igualmente, se trata de una recomendación poco procedente a menos de tres meses de que asuma una nueva administración”, afirmó el jerarca.

El informe unánime es el resultado de la investigación que llevó a cabo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre cuatro temas relativos al acueducto: el cuestionado aumento en las facturas de miles de usuarios al inicio de la pandemia del COVID-19, la pérdida del millonario arbitraje contra la española Acciona Agua, la falta de transparencia durante la gestión de Yamileth Astorga y las contrataciones irregulares que también se denunciaron durante esa administración.

Por esa razón, los diputados recomendaron al plenario aprobar el informe que, entre muchos otros, solicita al Poder Ejecutivo intervenir “de manera urgente” la institución o bien garantizar que, “en un plazo célere”, se rinda un informe a la Contraloría General de la República que explique las decisiones tomadas por la institución en esos puntos a fin de aclarar “no solamente la responsabilidad de las y los funcionarios implicados en los problemas de facturación, sino de las medidas correctivas y de reparación a las y los usuarios afectados”.

Martínez aseguró que, por ejemplo, en el tema de facturación, desde que asumió el cargo se bajó en casi un 90% el volumen de quejas por esa situación.

“Mientras en junio 2020 se tenían 45.120 quejas y 11.000 en enero 2021, para abril se bajaron a 5.333 y en diciembre anterior fueron 4.441, es decir, una reducción de un 90%, llegando a los niveles usuales previo a la pandemia”, dijo.

En cuanto a la pérdida del arbitraje, que le costó al país $6.2 millones, el jerarca señaló que si bien la junta directiva y la presidencia tenían el deber y la obligación de vigilar las decisiones que tomaba la administración de la unidad ejecutora a cargo del contrato, estas fueron aprobadas desde la gerencia general y que nunca existió un acuerdo de la junta directiva aprobando el arbitraje o la contrademanda.

Los diputados lamentaron este jueves la indolencia de las autoridades del AyA en estos puntos y la negligencia para actuar en resguardo de los recursos públicos y su deber como institución que brinda un servicio esencial.

Solicitaron al Ejecutivo, además, dar un seguimiento estricto a los diferentes procesos que se siguen contra los funcionarios y exfuncionarios señalados, pero especialmente contra la expresidenta Yamileth Astorga y el exgerente general, Manuel Salas.

El informe será discutido durante las próximas semanas en el Plenario Legislativo.