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La auditora general del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Irma Gómez, desligó este jueves a su área de cualquier responsabilidad en el escándalo de corrupción en obra pública conocido como “Cochinilla”.

En una acalorada comparecencia ante los diputados de la comisión que investiga el caso, la funcionaria insistió una y otra vez que las obras cuestionadas son competencia del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y que por lo tanto es la propia auditoría de ese órgano la encargada de fiscalizar.

Apenas iniciando, Gómez cuestionó que el auditor de Conavi, Reynaldo Vargas, sacó a la auditoría del MOPT de la investigación ordenada por el ministro Rodolfo Méndez Mata en el caso, asegurando que tenía “todo cubierto” y que esa decisión fue avalada por el jerarca.


“Si el ministro me instruye lo hago yo lo hago, pero no puedo entrar al Conavi a la fuerza. (…) El ministro me indicó que el consejo (administrador) toma la decisión de respaldar la posición del auditor del Conavi y que él continuará con la fiscalización y el ministro me agradece la colaboración”, dijo.

Esa afirmación originó una serie de airadas críticas entre los legisladores, que cuestionaron cómo la auditoría del MOPT se desliga de un caso así a pesar de que hay cinco funcionarios del ministerio investigados.

“Sí, hay cinco funcionarios del MOPT señalados, pero tenemos muy claro que fueron actuaciones realizadas en el Conavi y por lo tanto lo que corresponde ahí es que el auditor del Conavi realice los informes y los presente al ministro”, afirmó la auditora.

Los diputados criticaron no solo esa posición sino también que ambas auditorías se están “tirando la bola” sobre la responsabilidad de la fiscalización en el que ha sido calificado como el caso más importante de corrupción en obra pública en la historia de Costa Rica.

José María Villalta (Frente Amplio) fue más allá y denunció que existe un área gris en la ley que, adrede, defiende la impunidad.

“La auditoría del Conavi asegura que las sanciones vienen del MOPT y que ellos entonces lo trasladan al ministro, pero la auditoría del MOPT insiste en que no puede revisar las solicitudes del Conavi, entonces no hay nadie que verifique que esas recomendaciones lleguen a ninguna parte ni se cumpla con ninguna recomendación”, cuestionó el diputado.

Los legisladores de la comisión también evidenciaron su indignación por la falta de acción de la auditoría del MOPT pese a que esta está por encima del Conavi, cuestionando además la ineficacia de esos informes de auditoría en proyectos que sí son de su directa competencia, como por ejemplo el cierre de las cuestionadas plantas asfálticas que costaron ₡4 mil millones y hoy están en desuso.

“No me estoy tirando la bola con nadie, no me puedo permitir yo entrar a Conavi a pedir información. (…) Nosotros no somos administradores, somos auditores, no podemos imponer voluntad. ¡No puedo obligar a la administración!”, dijo Gómez con evidente molestia.

Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión, propuso entonces hacer un careo entre ambos auditores para determinar, dentro de ese órgano, quién tiene la razón y la obligación de fiscalizar el escándalo.