Por Juan José Herrera |27 de septiembre de 2021, 19:13 PM

Los diputados definieron la tarde de este lunes la forma en que se aplicaría la rebaja del marchamo 2022.

Por amplia mayoría, los legisladores aprobaron la moción de Liberación Nacional para aplicar una escala gradual en esa disminución del impuesto a la propiedad.

Los más beneficiados serán los propietarios de vehículos con valores fiscales por debajo de los ₡240 mil, que pagarán una tarifa fija de ₡13.800 (una disminución de 33%).

Para los dueños de vehículos entre ₡940 mil y ₡1.860.000 la rebaja será del 20%; de ₡1.860.000 a ₡2.810.000 de 10%; de ₡2.810.000 a ₡3.510.000 un 5%; de ₡3.510.000 a ₡4.210.000 un 3% y de ₡4.210.000 a ₡15 millones un 6%.

Los vehículos por encima de ₡15 millones no tendrían ningún rebajo, según dispusieron los diputados.

Además, los vehículos de carga liviana tendrían una disminución adicional del 20% sobre el monto resultante de la rebaja anterior.

Las motocicletas con valores fiscales debajo del millón de colones se les exonerará del pago del IVA.

La moción aprobada dista mucho de la propuesta original del proyecto, que pretendía rebajas de hasta un 50% para la mayoría de la flotilla vehicular.

Los únicos en votar en contra de la propuesta fueron los oficialistas del PAC, que aseguraron que incluso con esta versión menos agresiva de la rebaja el proyecto seguía siendo “regresivo e irresponsable”, al crear un hueco en las finanzas públicas y beneficiar a un grupo importante de propietarios por encima de otra gran mayoría de personas que no tienen vehículo propio.

Este lunes también se aprobó una moción del socialcristiano Erwen Masís que establece una condonación total de los marchamos adeudados antes del actual, dejando como único requisito para ese perdón el pago del derecho de circulación 2022.

El proyecto volverá a la orden del día del Plenario para ser votado en primer debate, luego volverá a ser discutido en el trámite de segundo debate y de ser aprobado pasará a manos del Ejecutivo, que tendrá en sus manos la decisión de firmarlo y convertirlo en ley o vetarlo y devolverlo a la Asamblea Legislativa.