Por Susana Peña Nassar |10 de septiembre de 2020, 16:12 PM

El Gobierno de la República respondió con dos acciones a la cifra récord de desempleo revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este jueves.

Según la Encuesta Continua de Empleo, el indicador alcanzó un 24,4% en el trimestre móvil de mayo, junio y julio. Representa un crecimiento de 12,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019.

En términos absolutos, eso significa que hay 557 mil personas desempleadas, 270 mil más respecto al último año: la cifra más alta en la historia del país.

La autorización para que residentes de ocho estados más de Estados Unidos vuelen a Costa Rica es la primera acción tomada por el Gobierno. Esta medida, que amplía a 20 las ciudades con permiso, fue anunciada por el ministro de Turismo, Gustavo Segura, en la conferencia de prensa diaria. 

"De esta manera, la reapertura segura de fronteras aéreas con mercados estratégicos permitirá recuperar la importante cadena de empleos que genera el turismo internacional, especialmente en zonas rurales", aseguró Presidencia. 

La segunda es una propuesta conocida desde hace semanas. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, explicó que destinarán $300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la creación de un fondo de avales. 

Este estará dirigido a unas 18 mil empresas con dificultades para acceder a créditos por las pérdidas que ha provocado la pandemia de COVID-19. La idea es que encuentren mejores tasas y plazos con el compromiso de mantener sus puestos de empleo. 

"Estos recursos serían aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaría mañana y enviados inmediatamente a la Asamblea Legislativa para su respectivo trámite", confirmaron las autoridades.

“Los créditos con mejores condiciones, la reactivación del turismo con mercados estratégicos y los fondos anunciados serán el punto de partida de la recuperación de muchas actividades comerciales, especialmente para los sectores más afectados como el turismo, las zonas rurales y las mujeres“, dijo la ministra de Trabajo, Giannina Dinarte.

Críticas

Tras conocer los datos del INEC, las críticas no se hicieron esperar. La mayoría llegó desde la Asamblea Legislativa. 

"Algo que tenemos que tener presente es que el desempleo ya era un problema antes de la pandemia y, aunque es cierto que el COVID-19 ha impactado severamente la actividad económica, las decisiones del PAC son el verdadero detonante para una situación tan dramática como la que tenemos el día de hoy", dijo la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís. 

"El Gobierno ha tenido una agenda escasa de reactivación económica, hoy se requiere de rescate económico. Lo único que está claro es una ruta de endeudamiento (...) Lo que urge es una reforma importante para que la economía se reactive", dijo Pablo Abarca, también del PUSC. 

Por su parte, Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) opinó que el Gobierno debería buscar un equilibrio "entre lo sanitario y lo económico" para obtener mejores resultados. 

"Debe el Gobierno de la República dar un replanteamiento claro sobre las medidas de reactivación económica, los protocolos que correspondan, para que la gente regrese a sus trabajos lo más pronto posible", agregó. 

Empleo, empleo, empleo! Estas cifras históricas nos obligan a tener absolutamente claras cuáles deben ser nuestras...

Publicado por Roberto Thompson Chacón en Jueves, 10 de septiembre de 2020

Sectores

Las reacciones también llegaron del sector comercial y de la industria alimentaria. 

"La fuerza de trabajo sigue disminuyendo, disminuye esta vez en casi 6.500 personas y llama la atención el incremento en la tasa de subempleo que se ubica en 24,6%. Estas estadísticas están contabilizando las personas que tienen una reducción en su jornada y ya esto es un tema que se vuelve complicado para el sector comercial", manifestó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. 

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), por su lado, reclamó no solo al Poder Ejecutivo, también al Legislativo. Piden una agenda centrada en la recuperación de puestos de trabajo que se han perdido durante seis meses de pandemia.

“En lugar de eso estamos recibiendo señales de la Asamblea Legislativa con proyectos de ley orientados a dañar al aparato productivo de sectores como el nuestro, que son de los que estamos sosteniendo la economía. Vemos proyectos de ley relacionados que propician nuevos impuestos específicos hacia los productos, que sólo vendrán a encarecerlos y a disminuir el poder adquisitivo de la población", concluyó Mario Montero, vicepresidente de CACIA.