Asamblea Legislativa ha ignorado, por casi dos años, orden de contratar funcionarios por concurso

A pesar de que la Contraloría General le ordenó a la Asamblea Legislativa en 2019 dejar de contratar sus funcionarios interinos bajo criterios discrecionales e implementar concursos para esa selección, la dirección ejecutiva del Congreso ha hecho oídos sordos de esa disposición y sigue eligiendo sus trabajadores a dedo.​

En un informe de auditoría de noviembre de 2019, el ente contralor evaluó los sistemas de reclutamiento y selección que la Asamblea, como entidad pública, ejerce para contratar plazas interinas o vacantes.

Ahí descubrió que estos no solo eran deficientes, sino en muchos casos inexistentes.

“El proceso de reclutamiento, selección y nombramiento de los funcionarios legislativos no obedece a un proceso de planificación estratégica de la gestión del recurso humano, que facilite a la Administración identificar el número de servidores requeridos y las competencias deseables, respaldada por un análisis de la organización y sus actividades, orientadas a solventar de manera oportuna las necesidades de personal idóneo en el corto y mediano plazo”, citó el estudio.

Así, se ordenó que a más tardar en diciembre de ese año se implementara un sistema de selección que incluyera esos criterios y que además creara un registro de elegibles para aquellas personas interesadas en trabajar en el primer poder de la República.

Este miércoles, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, confirmó que ese registro no existe y que el sistema, que debía evaluarse por parte de la Contraloría en marzo de 2020, tampoco.

“Usted no sabe lo que me tiene preocupado y molesto ese tema, porque me han rodado, lo digo con toda honestidad. Se puso un plazo para finales de setiembre de que tiene que estar funcionando porque siempre son tres meses, seis meses, y no va, no camina.

“Entiendo que con el acuerdo del directorio ya la gente se asustó y tiene que funcionar para octubre”, dijo Ayales ante la consulta de la oficialista Laura Guido.

Esa respuesta no satisfizo a la legisladora, quien era precisamente la secretaria del Directorio cuando la orden llegó y quien además reaccionó con molestia a las razones de Ayales.

“Han pasado dos años y cuando salimos (el directorio) dejamos ordenado cumplimiento. Esto es muy grave y conveniente que no se haya resuelto. Francamente no esperaba esta respuesta, me decepciona muchísimo que la Asamblea no esté cumplimiento en este tema, es una vergüenza la forma en que se dan las contrataciones aquí de puestos interinos, es una politiquería y una pura argolla.

“A mí me da muchísima vergüenza que aquí, con el nivel de exigencia que da esta Asamblea al resto de la institucionalidad pública, nada más diga que se está pateando la bola y entonces, ¿de quién es la responsabilidad de no cumplirle a la Contraloría? ¿Se va a abrir una investigación? Aquí no es decir que nos están vacilando, es decir cuál es la consecuencia de esa vaciladera”, aseguró Guido.

Ayales afirmó que de las razones que se le han dado la única que considera “medianamente razonable” es las complicaciones que la pandemia del COVID-19 ha tenido en el Congreso y en el departamento de recursos humanos, pero que velará porque la orden del directorio se cumpla y el sistema entre a operar, a más tardar, en octubre próximo.

Vacunación en el país

Datos del Gobierno de la República detallan que hasta el 6 de setiembre se habían aplicado 4.580.610 dosis en total en Costa Rica. Al día de hoy, el 29.2% de la población ya recibió las dos dosis contra el virus. En total, hay 3.071.596 personas que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19.

La zona Huetar Norte continúa siendo la región más rezagada en la aplicación de vacunas, con solo 251.177 inoculaciones completadas. En segundo lugar está la región del Pacífico Central, donde solo 272.856 personas han recibido la pauta completa de la vacuna.