Aprueban facilitar empleo a deudores de pensión alimentaria para evitar cárcel

Los diputados aprobaron este jueves, en segundo y definitivo debate, un proyecto de ley para impulsar la empleabilidad de personas deudoras de pensión alimentaria y evitar así que vayan a prisión.

La iniciativa, presentada originalmente en el 2019 por el entonces diputado, Harllan Hoepelman, crea una bolsa de trabajo administrada por el Ministerio de Trabajo en coordinación con el de Justicia, para facilitar la difusión de ofertas laborales dentro de este sector de la población, tanto a nivel público como privado.

Estos deudores, además, se incluirán dentro de una categoría especial en la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Empleo.

La idea del proyecto, según defendió Hoepelman en su exposición de motivos y Fabricio Alvarado en esta votación, es evitar que las personas lleguen a prisión por deudas alimentarias, pues esto no solo provoca que los beneficiarios de esa pensión sigan sin recibir ningún monto económico, sino que además los deudores se conviertan en una carga para el estado costarricense.

Plan de pagos

En adición a esa bolsa de empleo, el proyecto añade la posibilidad de que una vez que los deudores alimentarios se incluyan en esta bolsa de trabajo, podrán presentar ante los juzgados pruebas de que poseen una oferta laboral o un contrato emitido por un empleador de manera que, previa comprobación, puedan liberarse de una orden de apremio corporal dictada o incluso ejecutada.

Además de las pruebas, los deudores deberán presentar a las autoridades un plan de amortización o pagos sobre las obligaciones adeudadas y tendrán un mes para normalizar su situación.

Todo esto se incluye en una reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias que dejará de existir en octubre próximo, cuando entre en vigor el Código Procesal de Familia aprobado en 2019. ¿Qué pasará entonces?

“Aquí estamos ante un escenario poco usual. Lo curioso de este texto es que los legisladores, previendo que hay una norma vigente que dejará de tener efecto próximamente y que en su lugar llegará otra, en este caso el Código Procesal de Familia, optaron por reformar ambas, de manera que en sus dos artículos está el mismo contenido, pero para diferentes leyes”, aclaró el juez del Tribunal de Familia, Mauricio Chacón.

Así, las medidas adoptadas podrán tener efectos inmediatos una vez el texto sea sancionado por el Poder Ejecutivo y su articulado entre en vigencia, pero además no sufrirá ningún cambio cuando el nuevo Código llegue en octubre.

Chacón también resaltó la buena intención de la ley aprobada en su interés último de permitirle a los deudores tener una fuente de ingreso para asumir esa obligación.

“Recordemos que el fin del apremio corporal no es llevar al deudor a prisión, sino promover que pague sus obligaciones, el asunto es que Costa Rica adoptó un modelo que es muy drástico en esto, muy efectivo sí, pero también muy drástico.

“Yo invitaría a que antes de que se siga pensando en el tema del apremio y cómo evitarlo, a hacer un esfuerzo por establecer otras medidas para incentivar el pago antes de castigarlo. Existen figuras atractivas en otros países como suspender licencias de conducir o pasaportes, como sucede en Francia, o cobrar intereses sobre lo adeudado, como pasa en Nicaragua. Es hacer zapatos a la medida de cada caso”, finalizó el juez.

El proyecto viajará ahora a Zapote para conseguir la firma del presidente Rodrigo Chaves; si eso sucede, se convertirá en ley tan pronto se publique en el diario oficial.