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Luego de una ardua y longeva discusión este martes quedó aprobado en definitiva el expediente 20.961, que busca combatir la adulteración, imitación y contrabando de bebidas alcohólicas en el país.

La iniciativa del verdiblanco Daniel Ulate había sido aprobada en primer debate en noviembre anterior, pero una serie de consultas y cuestionamientos obligaron a retrasar su segunda votación.

Hoy, con ese proceso superado, 44 diputados lo dejaron a un paso de convertirse en ley.

El proyecto le da al Ministerio de Hacienda herramientas para garantizar la trazabilidad de los licores y así determinar su legalidad, además de poder combatir la evasión fiscal mediante un etiquetado especial.

También le da también potestad a las municipalidades para que puedan realizar operativos para detectar el contrabando de licor y permitir a las instituciones imponer sanciones contra los comercios que se compruebe que venden licores adulterados.

La iniciativa no incluye, sin embargo, a las cervezas de producción nacional.

Esa decisión, que se había tomado en noviembre, despertó quejas y acusaciones de “lobby cervecero” dentro del Plenario, aduciendo que las cervecerías le habían “torcido el brazo” a los diputados a favor de esa exclusión.

Hoy esas quejas se disiparon; sin embargo, sí hubo cuestionamientos aislados.

El independiente Jonathan Prendas dudó sobre la incertidumbre que persiste sobre los costos finales del proyecto y qué tanto funcionará el proyecto de etiquetado.

“Ojalá me equivoque y si es así estaré feliz de reconocerlo públicamente”, dijo.