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Los diputados aprobaron en segundo debate, este viernes, el octavo presupuesto extraordinario de la República para este 2021. 

Ese expediente traslada ₡6.000 millones provenientes de nueva deuda a la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Japdeva).

39 legisladores presentes en el plenario votaron a favor, mientras que otros seis se opusieron, la mayoría del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ellos cuestionan el verdadero impacto y beneficio que ha tenido el proceso de modernización de la junta y cómo esta no ha logrado ser sostenible, pese a las diversas inyecciones de capital que ha recibido.


“La fracción de Unidad no está en contra de Limón, está en contra de la ineficiencia. Cuando tramitamos en años pasados el proyecto para Japdeva fuimos clarísimos que solo esa vez íbamos a aportar los votos, a la eficiencia también hay que adherirle consecuencia.

“Las excusas que se están poniendo para hacer restructuraciones son eso, excusas, y alguien tiene que poner un alto (…) Japdeva tiene las posibilidades reales de hacer una reestructuración pero no ha querido porque siempre va corriendo donde el papá, el papá le da plata y ahí sigue y ahí seguirán”, dijo el jefe de fracción socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, antes de la primera votación.

El proyecto de ley aportará ₡2.000 millones al pago de cesantías y otros derechos de aquellos trabajadores que se acogieron a alguno de los modelos de movilidad laboral, mientras que los restantes ₡4.000 millones serán para remuneraciones y otros gastos de operación de Japdeva.

Andrea Centeno, presidenta de la institución, aseguró en defensa del presupuesto que, desde noviembre de 2019, se han reducido 794 plazas con el apoyo de la ley de modernización y que hoy son solo 611 personas las que trabajan en la Junta, pero que necesitan cesar 200 más para alcanzar la meta prevista.

Declaraciones de Andrea Centeno: