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Con el voto afirmativo de 40 diputados, este martes quedó aprobado en firme el expediente 21.965, que permitirá la condonación de 2.705 préstamos a productores y agricultores con el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).

La iniciativa perdonará deudas por un total de ₡6.200 millones como una forma de ayudar a beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo golpeados por la pandemia del COVID-19.

Se trata de créditos que ya están en la cartera de incobrables y que, según los defensores del proyecto, son más caros cobrarlos que condonarlos.

La principal crítica al proyecto, sin embargo, es que no quedó claro bajo qué criterios se eligieron a esos beneficiarios ni tampoco las razones de esos incobrables.

La otra queja es que el proyecto perdona deudas a fallecidos o a personas que, en algunos casos, nunca tuvieron intención de honrar sus obligaciones y estuvieron morosos desde antes de la pandemia. También aparecen beneficiarios con múltiples créditos en mora.

El independiente Jonathan Prendas fue uno de los diputados que más alzaron la voz en esa discusión, no necesariamente por estar en contra, sino por lo que él defendió como la necesidad de una garantía a ese perdón.

“Nadie quiere darle la espalda al sector agro, pero que lo merezcan, ¿quién garantiza que en esa lista todos son gente que ocupa la ayuda? Ahí hay empresarios, pequeños y medianos, ¿por qué no hicieron un esfuerzo para pagar?  Lo que no queremos es hacer un cheque en blanco”, dijo.

Además cuestionó que no se cumplió el acuerdo de esperar el criterio técnico del Banco Central al expediente.

Precisamente una moción suya, aprobada de última hora durante la discusión de primer debate, fue la puso como requisito que esa venga respaldada por una declaración jurada del beneficiario y que además la condonación se pueda hacer hasta por un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de esta ley.

Los defensores del proyecto, sin embargo, sostuvieron que esta es una ayuda para uno de los sectores más golpeados por la crisis actual y además de los más vulnerables en el país, y que los ataques contra la iniciativa son injustos e injustificados.