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El Gobierno anunció, este martes, que la vacunación contra COVID-19 será obligatoria para todos los funcionarios públicos y que será responsabilidad de cada entidad o institución asegurarlo.

Pero ¿cómo funciona esto en el caso de los diputados? Contrario al resto del sector público, los legisladores no tienen otro patrón más que los ciudadanos; de manera que, estrictamente hablando, ninguno es empleado de la Asamblea Legislativa, pero todos son funcionarios públicos.

Esto deja al directorio ejecutivo del primer poder de la República en un terreno incierto en la aplicación de la directriz.

“Precisamente, hoy en reunión del directorio le solicitamos un criterio a Servicios Jurídicos para que nos indique cuál será la forma de preceder en este tema con la Asamblea, cómo se definirá el tema de procedimiento, sanciones y demás para proceder de la forma más correcta posible. Esperamos ese pronunciamiento para el próximo martes”, dijo el director ejecutivo, Antonio Ayales.

¿Qué pasa con el fuero especial que protege a los diputados?

“Eso es algo que también tenemos que aclarar. Precisamente, la señora presidenta del Congreso (Silvia Hernández) le va a hacer la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones para entender cuál es el alcance de esa directriz con los diputados, en el entendido de que ellos son funcionarios públicos pero no empleados de esta Asamblea”, explicó.

Ayales dijo no precisar si, aparte de Melvin Núñez, existe otro diputado o diputada que se niegue a recibir la vacuna contra el COVID-19, pues esa información es confidencial y la maneja el departamento médico.

El diputado de Restauración Nacional ha dicho de manera pública que no cree en la efectividad del fármaco.

Este martes, tras conocer la directriz, volvió a arremeter contra la vacuna al llamarla "experimental", esto apenas días después de haber salido del hospital por complicaciones derivadas del virus.