Por Paulo Villalobos 15 de julio de 2026, 12:24 PM

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró este miércoles que en las magistraturas y en el Poder Judicial sí deberían haber puestos vitalicios.

Las declaraciones del alto juez se dieron durante un interrogatorio que se le realizó en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, a la que fue citado para referirse al procedimiento de elección y reelección de los miembros de la Corte, tanto titulares como suplentes.

El diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Wilson Jiménez, hizo una reflexión sobre una entrevista que escuchó cuando se dirigía al Congreso, de la que dijo sentir a Aguirre confiado de que, si así lo quería, iba a ser reelegido en su cargo; mismo para el que fue designado en 1989.

"¿Cree usted que son buenos los puestos vitalicios? Sí o no, puntualmente", le preguntó el congresista al magistrado.

"En el Poder Judicial y en la magistratura, sí", replicó Aguirre.

La respuesta dio "pena" a Jiménez, quien invitó al magistrado a dar "un paso al lado" y abrir espacio a personas nuevas que permitan refrescar al Poder Judicial.


Más adelante, cuando tocó el turno al parlamentario del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, este —luego de que expresara su rechazo a los puestos vitalicios— recordó que existe un principio de estabilidad del juez y dio espacio al presidente de la Corte para que explicara en qué consiste ese término:

"El Poder Judicial es independiente, desde luego, es la base del sistema democrático. Además, es la base esencial también de la seguridad jurídica del país. Conviene que los magistrados tengan alguna permanencia en sus puestos a través del tiempo, porque precisamente el saber que tienen un sistema bastante seguro, que sus sentencias o criterios no van a ser tomados para revanchas políticas, eso le da estabilidad al sistema. Además, el mantener la jurisprudencia da seguridad jurídica.

"Entonces, el que el Poder Judicial permanezca en el tiempo, que no sea como el Poder Legislativo, que lo cambiamos cada cuatro años, es esencial para la seguridad jurídica y la seguridad política de este país", amplió Aguirre.

A lo largo de su comparecencia, el alto juez defendió como "ideal" el actual modelo de elección y reelección de magistrados; asimismo, destacó que el actual procedimiento para la selección de suplentes se apega a lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política.

Sin embargo, hizo ver que, si debe variarse o no lo estipulado en la Carta Magna, ello corresponde a una decisión política.

Caso concreto

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, hizo referencia a un "problema de competencias" que se enmarca en la discusión de una nómina de sustitutos remitida por el Poder Judicial para la Sala Constitucional, cuyo nombramiento ha sido abiertamente bloqueado por el oficialista Pueblo Soberano.

Aguirre fue enfático en que la Constitución reza con claridad que a los magistrados les corresponde elaborar una lista de candidatos a partir de un concurso público, con pasos bien definidos en leyes y circulares. De igual forma, indica que a la Asamblea le compete elegir sobre esa nómina.

La presidenta del Congreso e integrante del foro, la también oficialista Yara Jiménez, cuestionó entonces la responsabilidad de la Corte al remitir reiteradamente una lista que ya los diputados han dicho no es de su agrado.

El magistrado respondió que la Carta Magna define las competencias del Parlamento y recordó que, cuando una facultad está establecida, esta debe cumplirse.

Otros cuestionamientos del partido de Gobierno, realizados por los legisladores Ariel Mora y Gerald Bogantes, giraron alrededor de cuándo iba a estar listo el segundo procedimiento con los seis candidatos a magistrados suplentes, que vendrían a complementar la nómina que el oficialismo se ha negado a votar.

Sobre el particular, Aguirre insistió en que no es posible tener un plazo, pues todo depende de las entrevistas que va a llevar a cabo la Sala Constitucional. El alto juez señaló que, a la fecha, se tiene en desarrollo el estudio social de los candidatos, que es el paso previo a los interrogatorios.

A modo de referencia, se indicó que el proceso anterior tomó 10 meses. Pero el presidente de la Corte aseguró haber ordenado que se diera prioridad a la nueva nómina para su remisión al Parlamento.

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