Por Julio Naranjo |19 de septiembre de 2019, 9:26 AM

El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, confirmó en comparecencia ante los diputados que los acuerdos suscritos con los sindicatos en febrero y agosto anterior se hicieron a espaldas del presidente Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar.

El jerarca fue llamado a comparecer ante los legisladores de la Comisión de Ingreso y Gasto Público para rendir cuentas sobre el polémico acuerdo que permitió poner fin a la huelga en el sector salud de agosto anterior.

Según Macaya, tanto el mandatario como la ministra conocían de las conversaciones que estaban teniendo con representantes sindicales, pero nunca se les informó sobre los pormenores.

“El presidente de la República sabía de las negociaciones, de los detalles de las mismas no. Pero nosotros no estábamos creando beneficios nuevos, estábamos aplicando las reglas de juego que existían en febrero y luego cambiaron”, explicó ante la consulta de los diputados.

El funcionario de la CCSS defiende que siempre actuaron de forma responsable junto con departamentos jurídicos tanto de la institución como del Ministerio de la Presidencia y Trabajo, y reportando los avances a Mideplan como ente rector.

“La CCSS no es excepcional, nunca hemos dicho que somos autónomos y rebeldes en la aplicación de esta ley. La reforma fiscal es totalmente necesaria y queremos una Costa Rica sostenible con un Estado fuerte para atender todos los servicios de la ciudadanía”, destacó.

Macaya afirmó que la CCSS nunca ha pretendido excluirse de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero reconoció la complejidad entorno a los cuatro decretos emitidos y la interpretación de pluses y anualidades.

“Hay que implementar todos los reglamentos que aplican y cada uno cambia en lo jurídico y programático, pues tenemos que cambiar el software para cumplir con el cambio”, agregó el jerarca, quien espera que la ley se aplique como demanda la Contraloría General de la República a partir del 11 de octubre.

Sobre las razones que motivaron la negociación con sindicatos, Macaya expresó que la huelga que se presentó entre el 5 y 12 de agosto estaba generando secuelas más profundas y rápidas.

“En esta huelga todos los trabajadores sabían que se les iba a pagar todo el salario, no hubo consecuencias económicas, por lo que especialistas y enfermeros se sumaron de forma masiva, provocando pérdidas por 7.399 millones de colones”, destacó.

Por último, declaró que la decisión de resolver el tema de anualidades y otros pluses mediante un proceso de lesividad, que posteriormente negó la Contraloría, surgió de la mesa de negociación luego de valorar otras alternativas.