Por Eric Corrales 8 de octubre de 2026, 17:18 PM

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invitó a una activista costarricense a participar en una reunión con representantes de la sociedad civil, para exponer denuncias relacionadas con las condiciones de las personas privadas de libertad en Costa Rica, especialmente aquellas con autismo y otras condiciones de neurodivergencia.

El encuentro se realizará el próximo 30 de octubre de 2026, de 9 a. m. a 10:30 a. m. en el Edificio del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en Amador, Panamá, como parte del 197.º período de sesiones de la CIDH.

La activista Rebeka Arce, quien se acompañará de la mexicana Alejandra Esquivel, doctora certificada en Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Derechos Humanos, explicó que la invitación representa una oportunidad para dar visibilidad internacional a situaciones que, afirma, afectan a las personas privadas de libertad en el país.

“Hay una diferencia entre la persona privada de libertad, que es lo que permite la Constitución Política de nuestro país, y que sea un prisionero al que haya que castigarlo con horas de hambre o con trabajos forzosos”, aseveró. 

Entre las situaciones que la costarricense busca poner en conocimiento de la CIDH figuran las condiciones de alimentación, la atención médica y los tratos que considera crueles o degradantes.

La activista afirmó que, en algunos casos, las personas privadas de libertad reciben la última comida del día alrededor de las 4 p. m. y no vuelven a desayunar hasta las 8 a. m. del día siguiente, lo que, indicó, representa períodos de entre 14 y 16 horas sin ingerir alimentos.

Uno de los puntos centrales de las denuncias es la situación de las personas privadas de libertad con autismo y otras condiciones de neurodivergencia.

Arce aseguró que existen dificultades para garantizarles una atención adecuada y cuestionó la falta de protocolos específicos para atender a esta población dentro de los centros penitenciarios.

También mencionó las dificultades para acceder a atención médica y los traslados que, según denunció, pueden resultar especialmente complicados para personas con condiciones de neurodivergencia.

La entrevistada también señaló que las restricciones para ingresar alimentos y otros productos a los centros penitenciarios pueden afectar a personas que requieren suplementos o artículos específicos por razones de salud.

Además, cuestionó el cierre de las pulperías en los centros penitenciarios y las limitaciones para que las familias ingresen alimentos o las personas privadas de libertad puedan comprar productos.

Entre las denuncias a exponer también está la situación del hacinamiento carcelario, el acceso a la educación y trabajo de los privados de libertad y las actuaciones públicas de las últimas semanas por parte del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

En cada período de sesiones, el organismo organiza reuniones abiertas para escuchar a personas y organizaciones interesadas en compartir perspectivas, inquietudes, propuestas e iniciativas sobre derechos humanos.

Para esta convocatoria se recibieron 2.116 solicitudes de participación y fueron seleccionadas 25 personas, con el propósito de procurar una representación equilibrada, principalmente de organizaciones de Panamá, y dar especial atención a agrupaciones locales.

“Estamos impresionados de que nos lo hayan dado, muy felices, pero también con mucha necesidad de que el tema se haga público”, manifestó.

Este medio consultó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, sobre las denuncias planteadas por Arce.

El jerarca indicó que primero debía estudiar y analizar el caso para poder emitir un criterio. Añadió que se pronunciaría una vez que hubiera realizado esa revisión.

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