Por Juan José Herrera |31 de enero de 2022, 14:47 PM

La abogada del diputado Jonathan Prendas, Gloria Navas, acusó este lunes a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la República de "tener un acuerdo" y recibir presiones en contra del legislador.

Sin aportar pruebas, la también candidata a diputada de Nueva República dijo que no se puede ser “tan inocentes” y subrayó que el jefe de la Procuraduría es el presidente Carlos Alvarado.

“No podemos ser tan inocentes, tiene que haber algún acuerdo de la Fiscalía, alguien los presionó, y de la misma Procuraduría General de la República. La Procuraduría tiene un jefe y el jefe es Carlos Alvarado y Carlos Alvarado, cosa extraña, está investigado por el caso UPAD, que es todo ese espionaje a la ciudadanía costarricense y que hemos estado nosotros haciendo una pelea en ese caso y buscando justicia pronta y cumplida que no se ha hecho", aseguró.

Navas señaló que el caso contra el diputado, a quien la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) querelló la semana anterior por enriquecimiento ilícito, data de 2019 y cuestionó que en tres años de investigación un caso “relativamente sencillo” no se haya resuelto.

Al legislador se le acusa de haber recibido dádivas en un viaje a Barcelona para asistir a un congreso de tecnología, viaje que habría sido costeado en su totalidad por la empresa y durante el cual el diputado también habría recibido sus dietas en el Congreso, según afirman la Fiscalía y la PEP.

La abogada afirmó que esos viajes “son totalmente normales” entre los diputados y que en la actual legislatura hay ejemplos de estos, aunque no precisó cuáles.

Navas aseguró que hay una evidente persecución política contra Prendas y también contra Nueva República a menos de una semana de las elecciones nacionales.

“A ocho días de la elección nacional es un ataque a la libertad de decisión porque la opinión pública es confundida con estas circunstancias, esto es una chanchada, pero en Nueva República estamos acostumbrados a pelear", añadió.

Dijo, finalmente, que hay una "situación totalmente irregular" en esta querella contra su cliente y que la comunicación entre la Procuraduría y el Poder Ejecutivo es constante, por lo que todo "está fríamente calculado".

Consultada al respecto, la Procuraduría subrayó que "tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones" y que además no tiene injerencia en el tiempo de duración de la investigación a nivel judicial, por lo que su participación, "interponiendo las piezas de querella y acción civil resarcitoria en este momento procesal, deviene de la ley y las facultades de la Procuraduría como abogado del Estado".

También se le solicitó una reacción al Ministerio Público, pero al cierre de esta nota no había respondido.

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