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La decisión del Ministerio de Hacienda de poner una vez más en discusión el levantamiento del secreto bancario volvió a despertar voces de apoyo y rechazo entre los diferentes sectores.

El Gobierno impulsará esa medida como parte de sus propuestas para reducir la creciente deuda a partir de la necesidad del combate a la evasión fiscal.

Mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está a la expectativa de que se le incluya en la discusión para que esa propuesta no solo permita la apertura en temas fiscales, sino también en otros de carácter criminal.

¿Pero debería entonces la discusión preocupar únicamente a evasores y criminales?

Wálter Espinoza, director del OIJ, defiende que el levantamiento del secreto bancario no debe verse como una eliminación absoluta de la privacidad que prevalece en el mercado financiero para con sus usuarios.

“El levantamiento del secreto bancario no significa que nosotros vayamos a salir ante la comunidad a decir cuánta plata tiene una persona o cuáles son sus transacciones, esto está limitado por la legalidad y también por la investigación.

“Esto se ha hecho por años y por eso es que me llama la atención que de repente salgan personas rasgándose las vestiduras hablando sobre el secreto bancario en el afán de protección de algo que es de orden legal, no constitucional, y que de todas maneras ya se ha abierto y ha operado en el sistema judicial y también en el administrativo y que me parece que podría dar muy buenos réditos al Ministerio Público, al OIJ y también al tema tributario”, dijo.

Históricamente el Director ha sido un defensor de esa medida como una forma de acelerar las investigaciones judiciales, permitiendo que en los casos donde se investiga a una empresa o particular no tenga que mediar un juez para poder acceder a información sobre movimientos, ingresos o gastos de estos.

“A mí me parece inconveniente, inadecuado y por supuesto modificable que nosotros para saber dónde está el dinero que le acaban de sacar de la cuenta a una persona lo podamos hacer de una vez y no tres meses después cuando un juez, luego de un camino burocrático, lo permita. Ahí podremos saber en qué se utilizó el dinero, pero ya no va a servir para nada”, criticó.

“Esto no trata simplemente de ser sospechoso de un delito, esto significa que gente de carne y hueso de Tributación va a tener acceso a las cuentas bancarias de la gente sin que medie una orden judicial, eso significa que hay espacio para el abuso y para que esa información sea diseminada para otros propósitos que no necesariamente tienen que ver con la comisión de un delito.

“Si uno revisa las noticias de los últimos años verá diferentes instancias donde información que se suponía privada es abusada por parte de las autoridades, así que esto es un caso flagrante de una situación donde los derechos del ciudadano estarían siendo puestos en riesgo por parte del Gobierno si se elimina el secreto bancario”, cuestionó a su vez el analista Juan Carlos Hidalgo.

“¿Qué pasa si usted tiene un enemigo que trabaja en Hacienda y quiere afectarlo a usted con acceso irrestricto a su información bancaria? ¿Dormiría tranquilo en ese escenario?”, añadió

“La información no va a ser pública, igual se levanta el secreto bancario con orden de un juez y eso no sale en los medios. El sigilo que tiene que haber se preserva y no va a sufrir embate alguno, será conversar al respecto y establecer mecanismos y sanciones para quien revele información clasificada o confidencial, eso es algo que hay que discutir”, respondió Espinoza.

Otros cuestionamientos

El exdiputado y excandidato presidencial Otto Guevara aseguró que levantar el secreto bancario, sumado a otras propuestas como el proyecto de extinción de dominio o el registro de accionistas, es una “receta perfecta” para espantar capitales e inversión del país.

"Toda esa combinación de medidas es la receta perfecta para espantar todos los capitales del país y ahuyentar o disuadir a posibles capitales extranjeros que estaban evaluando invertir en el país para que no lo hagan”, dijo Guevara.

La amenaza a la competitividad es otra de las razones que también esgrimieron diputados y abogados.


“Es cierto, ‘el que nada debe nada teme’ pero, ¿Por qué tengo yo que exponer mis estados financieros a mí sector? Primero debería hacerse ese análisis exhaustivo sobre la normativa que ya existe, los instrumentos que ya existen y a partir de ahí determinar dónde están esas lagunas o vacíos. Evaluar los controles fiscales existentes y no caer en esa falsa ilusión o premisa de que con una nueva ley se va a solucionar todo”, argumentó Erick Solano, doctor en Derecho Administrativo y abogado socio de la firma Officium Legal Abogados.

Una alternativa propuesta a ese levantamiento es la agilización o eliminación de burocracia en las investigaciones judiciales o fiscales para que el filtro del juez no se pierda.

Sin embargo, la lista de trámites es larga y ese análisis del juez no se puede apresurar.

“A como está en el área de la investigación criminal se requiere la orden de un juez, para que esa orden exista hace falta una petición de un fiscal y para esa petición tiene que haber un reporte policial y antes de esto una denuncia o una noticia de la comisión de un hecho delictivo, todo eso tiene que pasar, entonces no es tan sencillo”, dijo Espinoza.