2025: el año que puso a prueba la inmunidad presidencial en Costa Rica

El 2025 pasará a la historia como el año en que Costa Rica puso a prueba no una, sino dos veces, la inmunidad de un presidente de la República.

Nunca antes la Asamblea Legislativa había tenido que activar ese mecanismo constitucional para intentar juzgar a un presidente en ejercicio: primero por un presunto delito penal, luego por un supuesto ilícito electoral.

Los dos procesos tuvieron, como gran común denominador, el ambiente crispado y tenso que se respira entre los supremos poderes de la República.

No por nada una de las solicitudes vino del Poder Judicial y la otra del Tribunal Supremo de Elecciones; entidades que, junto al Congreso, personifican a los grandes antagonistas en el visceral relato de Rodrigo Chaves.

Primer intento

La primera página en el mayor hito político de este 2025 se empezó a escribir en julio anterior, cuando la Corte Plena decidió, por mayoría, avalar la acusación de la Fiscalía General contra Chaves por el presunto delito de concusión, vinculado al millonario contrato que el Gobierno promovió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para una estrategia de comunicación.

Junto a esa decisión, los magistrados también solicitaron al Congreso que le quitara el fuero de protección a Chaves, dos hechos inéditos en la historia de la Segunda República.

En medio de ácidas críticas, feroces cuestionamientos desde Zapote y una enorme polarización, los diputados analizaron el caso y el 22 de setiembre el Plenario Legislativo votó: 34 legisladores estuvieron a favor del desafuero, cuatro menos de los necesarios para el levantamiento de la inmunidad.

Segundo intento

Dos semanas después de ese fallido intento en la vía penal, el Tribunal Supremo de Elecciones sorprendió con una solicitud idéntica, esta vez por el presunto ilícito de beligerancia política derivada de más de 15 denuncias presentadas contra el mandatario.

El proceso fue idéntico, pero los cuestionamientos diferentes.

Esta vez, la defensa de Chaves explotó los vacíos legales que existen sobre la solicitud del desafuero fuera de la vía penal y los presuntos choques entre la Constitución Política y el Código Electoral.

La otra gran variación es que el TSE, a diferencia de la Fiscalía que ya tenía adelantada su investigación, solicitaba el desafuero para iniciar con las pesquisas.

Aun así, y pese a tener una fracción de apenas ocho diputados, Chaves volvió a sortear el desafuero luego de que la posición consiguiera, el pasado 16 de diciembre, solo 35 votos a favor de la solicitud, el nuevo techo para ese bloque.

“Obviamente, a los 35 filibusteros que se prestaron al juego, que Dios los perdone. Estamos en época de Navidad”, celebró Chaves minutos después de la votación.

Lecciones aprendidas

Más allá de perdedores o vencedores, ambos procesos dejaron enseñanzas para la institucionalidad en una materia en la que no existía jurisprudencia.

Por ejemplo, evidenció la necesidad de aclarar, en términos jurídicos, la procedencia o no de solicitud de desafuero fuera del ámbito judicial.

“Dejó lecciones aprendidas de cuáles son las valoraciones que hacen las y los señores diputados, que es un órgano esencialmente político, al momento de valorar algo que tiene una clara connotación jurídica, hasta si existe o no suficiente claridad jurídica en torno a si solo la Corte Suprema, o también el Tribunal Supremo de Elecciones, puede solicitar este tipo de levantamiento”, aseguró el politólogo, Sergio Araya.

El propio TSE celebró, luego de ese segundo intento, que la solicitud presentada fuera avalada por el Congreso y una mayoría de diputados, más allá de que ese bloque se quedara corto en el objetivo final.

Otra cosa importante es que los intentos de desafuero no suponen que ninguno de los dos procesos hayan terminado, pues ambos ahora aguardan al 8 de mayo, cuando Chaves dejará Zapote y podrá ser juzgado como un ciudadano más.