1.512 días después de allanamientos, expresidente Alvarado fue indagado por caso UPAD

El expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, ya fue indagado por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Esa diligencia judicial se realizó el pasado 19 de abril, justo cuando se cumplieron 1.512 días desde los primeros allanamientos realizados en la Casa Presidencial de Costa Rica.

“No hubo ningún tipo de ‘espionaje’, no se causó daño de ninguna índole a ninguna persona, ni se cometió delito alguno”, dijo el exmandatario en su declaración ante la Fiscalía.

“En mi mandato nunca se instruyó a ninguna persona para que espiara a un costarricense o habitante de la República, nadie se robó plata y nadie vendió información o recibió un beneficio ilegal producto de la operación del equipo de análisis de datos. Esto es algo que, estoy seguro, ya debió haber sido corroborado por los encargados de la investigación”, agregó Alvarado por medio de un comunicado de prensa, en el que insiste en que el único fin de la información era crear políticas públicas precisas.

Róger Guevara, codefensor del expresidente, confirmó a este medio que esta fue la primera indagatoria del expresidente por el caso UPAD.

El otro representante legal de Alvarado, Rodolfo Brenes, cuestionó, por su parte, el retraso en el proceso y planteó una solución.

“Deberían proseguir de inmediato con la acusación que habían presentado en febrero de 2022 y a la cual no han dado seguimiento desde que don Carlos dejó de ser Presidente, a pesar del llamado que hemos hecho manifestando nuestra disposición para que dicha causa pase a la audiencia preliminar, como corresponde. Si no lo hacen así, ellos son los únicos responsables de que este proceso se prolongue por años”, expresó Brenes.

Contra Alvarado Quesada se sigue una pesquisa por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Junto a él, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro, en la causa también figura la exjefa del despacho presidencial, de apellidos Salas Hernández; el exasesor legal, de apellidos Salazar Muñoz; el exdirector de la Unidad de Análisis de Datos, de apellidos Fernández Montero; así como sus subalternos, de apellidos Villalobos Villalobos y Madrigal Rivas

Además de la indagatoria, en la sumaria 20-005433-0042-PE se dio la apertura de los dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos del 28 de febrero de 2020.

Lo cierto es que aquel escándalo, que se originó tan solo una semana antes de esa fecha, continúa en su etapa inicial, a la espera de que acabe la recolección y análisis de prueba, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), ante una consulta de Teletica.com.

"La información digital extraída se encuentra en estudio y, de ser necesario, se solicitaría las pericias correspondientes a la Policía Judicial", amplió el Ministerio Público.