Por Juan José Herrera Por Michelle Campos 9 de septiembre de 2026, 18:18 PM

13 diputados de las fracciones del PLN, PUSC y CAC presentaron este miércoles una consulta de constitucionalidad al expediente 24.461, que actualiza el canon que pagan las empresas para el uso de frecuencias de radio y televisión propiedad del Estado.

La medida pretende que sean los magistrados quienes analicen los cuestionamientos que han surgido en las últimas semanas sobre la iniciativa de ley que estaba prevista para votarse este jueves en segundo debate.

"La presente consulta tiene como propósito evidenciar los vicios de inconstitucionalidad por razones fundadas de fondo que posee el proyecto de ley número 24.461 y, consecuentemente, que se evacúe la presente consulta por parte de la Sala Constitucional sobre roce de dicho proyecto con el bloque de constitucionalidad", dice el documento.

El proyecto, impulsado desde el Poder Ejecutivo, pretende gravar con hasta un 7,73% los ingresos brutos anuales de las empresas de televisión, y hasta un 3,13% a las radioemisoras. 

Sin embargo, diferentes organizaciones nacionales e internacionales aseguran que esos porcentajes, que carecen de una justificación técnica, amenazan la operación de diferentes empresas y podrían significar una reducción en la pluralidad de medios de comunicación.

Por ejemplo, la Cámara Nacional de Radio (Canara) y la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) alertaron que la reforma podría constituir un perjuicio para la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada, pues podría significar la salida del aire de diferentes empresas.

En el mismo sentido, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que reúne a asociaciones de radio y televisión privadas de todo el continente americano, cuestionó que una actualización de este tipo debería responder a criterios técnicos, objetivos, razonables, proporcionales y transparentes.

La queja no es solo técnica: organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) también expresaron su profunda preocupación por lo que calificaron como “una seria amenaza para el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información”.

Durante la discusión legislativa, las diputadas Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Abril Gordienko (PUSC), ambas firmantes de la consulta, expresaron su rechazo a la reforma precisamente por esa falta de criterios técnicos que respaldaran esos porcentajes propuestos y las implicaciones que el cobro podría tener.

En la votación en primer debate, además, se sumó el voto en contra del liberacionista Salvador Padilla, quien también expresó sus dudas sobre la forma en que se pretende gravar a las empresas por el uso del espectro radioeléctrico.

Televisora de Costa Rica ha reiterado que está a favor de la actualización del canon, siempre y cuando esta responda a criterios técnicos y razonables.

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