10 cabecillas del crimen organizado quedarán libres el 7 de junio, advierte fiscal general
Carlo Díaz urgió una vez más a los diputados a aprobar el proyecto 23.090, que tanto él como el Poder Judicial calificaron como la iniciativa más importante en la lucha contra el crimen organizado.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió esta tarde a los diputados que, en caso de no aprobarse la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, al menos 10 cabecillas quedarían libres el próximo 7 de junio.
La advertencia es parte de un esfuerzo organizado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para conseguir la votación del expediente 23.090, que ha sido calificado como la principal iniciativa presentada en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Solo en la Fiscalía de Crimen Organizado habría al menos 10 casos, 10 cabecillas más todo su grupo que quedarían libres a partir de ese día. Por eso resulta de vital relevancia para el país (la aprobación de este proyecto). Ustedes (diputados) estarían poniendo una piedra importante en la lucha contra el crimen organizado”, dijo Díaz.
La reforma, que este martes recibió una vía rápida por parte del Congreso, aclara, entre otras, las competencias de la jurisdicción ordinaria y de la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada (JEDO).
Además, otorga un plazo de 48 horas para la protección de derechos fundamentales de las víctimas y brinda la posibilidad de que el fiscal subrogante haga la solicitud para que un caso se tramite bajo esa nueva jurisdicción especializada.
También duplica los plazos para la continuidad y suspensión del debate, la prisión preventiva y para interponer y tramitar recursos de apelación.
“El proyecto, de llegar a aprobarse, fortalecerá las capacidades de investigación y mejorará el procedimiento de juicios en el mediano plazo mediante la entrada en funciones de la JEDO.
"Mientras que, en el corto plazo, evitará el deterioro de las condiciones actuales de violencia, debido a que elimina distorsiones que produciría la entrada en vigor de la Ley 9481 (fijada para el 7 de junio) en su redacción actual, para los asuntos más graves y complejos que se tramitan en materia penal”, dijo hoy el Poder Judicial.
Díaz aclaró que, si bien en la actualidad existen mecanismos para ampliar esas prisiones preventivas, estos necesitan tiempo.
“Para ampliar una prisión preventiva necesitamos tener un caso, un juicio, y esa situación no va a ser inmediata y no va a ser posible”, dijo.
El fiscal puso como ejemplos los casos “Diamante” y “Cochinilla”, que por su complejidad necesitan de mucho tiempo y que los plazos actuales de prisión preventiva suponen un problema adicional para la justicia.
Repase aquí la comparecencia completa: