Por Daniel Jiménez 3 de septiembre de 2026, 10:22 AM

La Contraloría General de la República emitió un informe sobre la planificación, ejecución, control e integridad en la gestión de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) de las municipalidades de Escazú, Goicoechea, Moravia y Santa Ana.

"Encontramos que los comités no tienen un plan estratégico que vincule sus objetivos con la ejecución de los recursos. Su gestión se basa en el corto plazo, sin tomar en cuenta aspectos relevantes como la salud pública, el entorno y el cambio demográfico del cantón.

"También se observa una alta informalidad y carencia de controles en la administración de los recursos financieros, humanos activos y documentación provocando actuaciones a discrecionalidad que impactan en el valor público del cantón", comentó Vivian Garbanzo Navarro, gerente Fiscalización para el Desarrollo Local.

Además, Garbanzo destacó que se encontraron instalaciones sin un mantenimiento preventivo y algunas son ocupadas por terceros de forma irregular.

"Es importante que se tomen las medidas correspondientes con el fin de que se pueda corregir lo encontrado", agregó.

Dentro de los principales resultados del estudio, la Contraloría destaca:

La oferta de servicios no se basa en diagnósticos sociales ni mide la cobertura real, lo que genera exclusión de grupos específicos.

Carecen de un plan estratégico que vincule sus objetivos con la administración de recursos.

₡128 millones de colones (donados en 2025) no cuentan con reglamentación del proceso, lo que incide en la revisión de requisitos y la asignación sin criterios técnicos que garanticen equidad y transparencia en el proceso.

Ningún CCDR posee un plan de mantenimiento a largo plazo de instalaciones, por lo que se ha restringido la disponibilidad del servicio bajo condiciones seguras, privando a la comunidad de espacios deportivos adecuados.

Ninguna municipalidad analiza capacidad y limitaciones de sus CCDR, lo que impide identificar acciones sistemáticas y articuladas para corregir y fortalecer los servicios y la administración adecuada de recursos.

Alta informalidad y carencia de controles para la administración de los recursos financieros, humanos, los activos y la documentación generada en los comités.

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